El joven mazahua Hugo Sánchez Ramírez ha permanecido por más de 96 horas privado de su libertad de manera ilegal, tras ser amparado por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Esta situación obedece a determinaciones arbitrarias de las autoridades penitenciarias federales y del Estado de México. El 17 de octubre el Máximo Tribunal del país después de encontrar graves irregularidades en el proceso penal en su contra por el delito de secuestro, decretó su inmediata liberación.
Ese mismo día se dejó pendiente de resolver otro amparo por la supuesta portación de armas, cabe recordar que esta sanción ya fue completada desde el 28 de agosto de 2012 según las propias constancias de las autoridades del CERESO de Santiaguito en Almoloya de Juárez. Por lo tanto, Hugo debe esperar en libertad la resolución del amparo correspondiente por parte de la SCJN.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, organización que representa legalmente a Hugo, llama la atención sobre lo preocupante que resulta el hecho de que autoridades administrativas incumplan con las determinaciones del Máximo Tribunal del país.
«Hemos solicitado formalmente a la Primera Sala de la SCJN su intervención para que detenga tajantemente este abierto desacato de las autoridades administrativas hacia su fallo» Centro Prodh.
Con la finalidad de aportar más elementos al Poder judicial para llamar al orden a los funcionarios públicos que se encuentran en desacato, han interpuesto un nuevo amparo, conocido por el Juez Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Civiles Federales y Amparo con sede en Toluca, en razón de que la obstaculización de las autoridades en la liberación de Hugo Sánchez constituye un acto que violenta directamente el derecho a la libertad personal. Ello representa no sólo el desacato a la sentencia emitida por la Suprema Corte sino además, sino un acto de ilegal de privación de la libertad.
Al ser la portación de armas un delito federal y al encontrarse ya cumplida la sentencia, corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública Federal en colaboración con la Dirección de Prevención y Readaptación Social del Estado de México cumplir con la resolución que restituye a Hugo Sánchez en sus derechos, mientras la Suprema Corte analiza si concede el amparo por este delito. No hacerlo, conlleva severas sanciones como la separación del cargo y la consignación ante un juez penal.
Sin embargo, lejos de respetar el marco constitucional y legal que los rige, los funcionarios implicados han manifestado que Hugo solamente podrá ser liberado en cuanto se desista del amparo en vías de solventarse, lo cual implica reconocer la culpabilidad de un delito que no cometió. Esta suerte de chantaje, no puede ser tolerado en el marco de un Estado de Derecho, pues redundaría en perjudicar a las personas que ejercen los medios de defensa previstos en la legislación para proteger los derechos humanos. Además se pone en evidencia que algunas autoridades desdeñan el marco institucional de Procuración de Justicia y presionan a las personas para reconocer ilícitos, condicionando indebidamente la libertad a la renuncia de los derechos, revictimizando a Hugo con nuevas pretensiones de criminalización.
Es preocupante, en el contexto de transición política que vive nuestro país, que se cuestione en los hechos la autoridad del Poder Judicial, en general, y de la SCJN en particular.
Definitivamente la violaciones a los derechos humanos en México es la realidad inminente, así como las graves fallas en el sistema de justicia penal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, deberá hacer valer su investidura como el Máximo órgano de justicia del país y mantenerse como el garante del orden constitucional. Por nuestra parte reafirmamos nuestra confianza en el camino de la legalidad y esperamos que los actores que se han negado a acatar las resoluciones judiciales, se allanen a ellas de manera inmediata, liberando a Hugo de manera inmediata en apego a la ley.
