La Comisión Nacional de Derechos Humanos llamó a la Secretaría de Seguridad Pública federal a respetar el Estado de derecho y los derechos humanos de la ciudadanía, ya que dicha entidad policiaca ha rechazado por lo menos cuatro recomendaciones, entre ellas la relacionada con el caso del asesinato de Jethro Ramsés.
Mediante dos comunicados de prensa -fechados este lunes y martes- la comisión considera que la no aceptación de recomendaciones relacionadas con “hechos violatorios tan graves como detenciones arbitrarias, desaparición forzada y omitir custodiar, proteger, vigilar o implementar medidas cautelares para dar seguridad a las personas, lo cual denota una falta de respeto al sistema no jurisdiccional de protección a derechos humanos y abona a crear un clima de impunidad”.
Hoy, la CNDH informó que la SSP federal no aceptó la recomendación por el caso del joven Jethro Ramsés, de 26 años, detenido en la ciudad de Cuernavaca el mayo de 2011 por elementos de la Policía local, quienes a su vez pidieron apoyo a elementos de la Policía Federal (PF), a quienes finalmente fue entregado Jethro junto con otras personas que participaban en una pelea callejera.
Posteriormente, los elementos de la PF entregaron a los ciudadanos a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la comisión señala que los federales cometieron una irregularidad pues según la ley, las personas detenidas debieron haber sido puestas a disposición del agente del ministerio público.
Según la propia CNDH, Jethro fue torturado por los elementos de seguridad en la zona militar y después, fue “enterrado posiblemente vivo en un paraje de Puebla”, donde fue encontrado el cuerpo sin vida del joven, señaló el organismo en la recomendación 38/2012 respecto a este caso.
El organismo encargado de velar por los derechos humanos de los ciudadanos, reitera “su preocupación por el hecho de que algunos servidores públicos de nuestro país, encuentren en la violación a la ley el camino para desarrollar sus actividades, sin ser sancionados conforme a derecho y en perjuicio de las víctimas del delito y del abuso de poder”.