Por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan/ Segunda y última parte
La Asamblea Regional en la que se juzgó al Juez fue una exigencia más de respeto al Sistema de Justicia de Comunitario que desde hace casi 17 años la CRAC-PC ha exigido a las autoridades estatales.
Por otra parte, la autoridad y legitimidad radica en la CRAC y la Policía Comunitaria a partir de un mandato de la Asamblea Regional de Autoridades Comunitarias que les mandata dar seguridad e impartir justicia.
Durante la Asamblea Regional realizada el pasado 29 de agosto ante la cual fueron presentados los 4 funcionarios que habían sido detenidos, se le otorgó al Juez un ejemplar de la Ley 701, la cual en el artículo 37 establece que «esta Ley confirma el reconocimiento de la Policía Comunitaria, respetando su carácter de cuerpo de seguridad pública auxiliar de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Consecuentemente, los órganos del poder público y los particulares, respetarán sus actuaciones en el ejercicio de sus funciones como actos de autoridad.» A pesar de su reticencia y ante el notorio desconocimiento de dicha ley, el Juez Filomeno Vázquez Espinoza, giró un auto de falta de elementos para procesar a don Máximo Tranquilino Santiago, por lo que de inmediato procedió la libertad del Coordinador Regional de la Policía Comunitaria. Ante esta acción la Asamblea determinó también la liberación de los cuatro funcionarios.
Las autoridades del Gobierno del estado, desconocieron que esta situación es producto de una descomposición grave en las estructuras de procuración y administración de justicia del estado, y quisieron focalizar el problema en el desconocimiento de la Ley 701 por parte de los funcionarios del gobierno, lo cual quisieron resolver proponiendo realizar un simple foro en el se difunda su contenido. Sin embargo, es evidente que lo que hay de fondo es una amenaza constante contra el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y la criminalización del uso de sus sistemas normativos que brindan la seguridad y procuran la justicia que el gobierno es incapaz de garantizar. Pueblos valientes que resisten al despojo de sus territorios para la explotación minera y ejercen su derecho a la comunicación para dejar en claro que el Territorio es de quien lo protege y que la Tierra es de quien la trabaja.
Al final de la Asamblea en la que se juzgó al Juez, llegó Don Máximo, recién había sido liberado. Ahí Don Máximo preguntó a los funcionarios “¿Cómo están trabajando en el Ministerio Público, ahora que estuve en el CERESO ya investigué con cada uno de los detenidos que están ahí. Está mal lo que están haciendo, hay muchos detenidos de manera injusta que dicen que el MP les pide entre 150 mil y 200 mil pesos para dejarlos salir? ¿A dónde va a conseguir un campesino tanto dinero? Nosotros estamos trabajando sin recibir nada, estamos dando un servicio legal, ustedes que están ganando dinero y tienen la ley en la mano, todavía piden más. Está mal lo que están haciendo. Ahora ya no hay miedo en nosotros, que bueno que fui al CERESO, mucha gente inocente está ahí sin deber nada. Que les quede claro: el respeto a nuestros derechos será justicia”.