Actualmente, las desapariciones forzadas son una práctica recurrente en infinidad de lugares, tras haber sido una característica habitual de la segunda mitad del siglo XX desde que empezaron a ser cometidas, en gran escala, en la Europa ocupada por los nazis en 1941.
Nos referiremos, en el estricto sentido del término, a una desaparición forzada cuando una persona es detenida o sustraída por agentes que del Estado, que después niegan que la persona se encuentre detenida o se oculta su paradero, apartándola así de la protección de la ley; o también como «desaparición forzada de personas» se entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado, o con autorización, apoyo o aquiescencia de éste, seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado de tiempo.
Es muy frecuente que las personas desaparecidas no sean liberadas jamás y que su paradero nunca sea esclarecido. Sus familias y amistades en muchos casos, no llegan a saber qué les sucedió.
Cada desaparición forzada viola una serie de derechos humanos, entre ellos: el derecho a la seguridad y la dignidad de la persona; el derecho a no sufrir tortura o trato o pena cruel, inhumano o degradante el derecho a unas condiciones humanas de reclusión; el derecho a una personalidad jurídica, el derecho a un juicio justo; el derecho a la vida familiar; cuando la persona desaparecida es asesinada, el derecho a la vida. La desaparición forzada constituye una violación de derechos humanos especialmente cruel, que afecta tanto a la persona desaparecida como a su familia y amistades.
Las personas desaparecidas son a menudo torturadas y viven un constante temor por su vida, apartados de la protección de la ley, privados de todos sus derechos y a merced de sus captores. Es una violación constante que con frecuencia persiste durante muchos años después del secuestro inicial.
México enfrenta una complicada situación en materia de seguridad pública debido al incremento de la violencia relacionada, principalmente, con el crimen organizado. La violencia continúa a pesar de las detenciones de presuntos importantes de grupos delictivos, así como el decomiso de significativas cantidades de drogas y armas. El crimen organizado ha extendido sus actividades ilícitas a la trata de personas, los secuestros y la extorsión. (Informe de Misión a México grupo de trabajo de la ONU sobre las Desapariciones forzadas o involuntarias, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2012).
Sabiendo esto, el término de desaparición forzada ha sido rebasado en su mismo contexto, ya que ahora no sólo el Estado es responsable de estas desapariciones, sino que los cárteles del narcotráfico practican este crimen, en ocasiones con aquiescencia del Estado.
Fuundec (Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila), es una de las organizaciones que le ha dado seguimiento a este tema. Desde el 19 de diciembre de 2009, ante la desatención de las autoridades, locales y federales, un grupo de familias que buscan a 21 personas desaparecidas decidieron organizarse para realizar acciones colectivas que presionaran al gobierno a fin de que éste realizara su trabajo. En ese momento pensaban que el Ministerio Público realizaba acciones para dar con el paradero de sus desaparecidos, con el paso del tiempo, se dieron cuenta que además de trabajar con deficiencias, las autoridades buscaban a los responsables de las desapariciones y no así a los desaparecidos.
Jorge Verastegui, vocero de Fuundec, comentó que la postura de la organización “es laexigencia por la búsqueda urgente con vida de todas las personas desaparecidas. Para FUUNDEC lo más importante y en lo que nos hemos enfocado, es en la creación de protocolos de búsqueda, ya que incluso la localización de los responsables no es prioridad, la prioridad son las y los desaparecidos”
Fuundec espera que el Estado mexicano adopte todas las medidas necesarias para que pronto los desaparecidos se encuentren de regreso en sus hogares, asimismo, que los organismos internacionales comiencen a adoptar la nueva realidad de las desapariciones forzadas y entiendan el contexto actual, el de un Estado criminal, que por acción u omisión, tolera que grupos civiles armados realicen desapariciones forzadas.
Verástegui comentó también que en las actuales desapariciones forzadas se pueden identificar que los grupos del crimen organizado son quienes perpetran este delito, en los casos que tienen documentados se puede apreciar que el 63 por ciento son realizados por la delincuencia organizada, el 11 por ciento son perpetrados directamente por el Estado y en el 26 por ciento de los casos, se desconoce el perpetrador.
Sin duda las desapariciones forzadas siguen siendo uno de los tantos puntos de omisión por parte del Estado, entonces la pregunta obligada es ¿porqué?.