El caso de Bonfilio Rubio, indígena naua asesinado en un retén militar en Guerrero, podría provocar una sentencia histórica, cuando el próximo lunes se vote en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación si sus familiares están legitimados para presentar un juicio de amparo con el objetivo de evitar que el soldado que asesinó a Bonfilio sea juzgado en la justicia militar y su caso se traslade a un juzgado ordinario.
Según las previsiones para la votación de este lunes, las víctimas civiles de violaciones a derechos humanos por parte de militares, o los familiares de éstas, tendrán derecho a promover amparos ante tribunales ordinarios, es decir que salgan del fuero castrense.
Hasta ahora ha trascendido que siete ministros de la Corte ya expresaron, en las sesiones del martes y jueves, que sí es procedente estudiar el amparo promovido por José Rubio Villegas, cuyo hermano Bonfilio, fue asesinado en 2009 en un retén militar en Guerrero; solo tres ministros se han pronunciado en contra de que los familiares puedan interponer denuncias ante tribunales civiles, ellos son Guillermo Ortiz, Salvador Aguirre y Margarita Luna.
«(Reconocer el derecho de los familiares de víctimas) no es solo una obligación Constitucional e internacional del Estado Mexicano», afirmó el ministro Arturo Zaldívar, «sino que es una obligación ética del Estado Mexicano».
Las organizaciones que acompañan el proceso de la familia esperan que este lunes, los ministros de la Suprema Corte voten en el sentido de la procuración de justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos por parte de militares.