El día de ayer, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” anunció el regreso a Guerrero de Vidulfo Rosales Sierra, abogado de la organización, quien en mayo pasado tuvo que dejar el país a raíz de las amenazas de muerte vertidas en su contra.
Cabe recordar que durante el pasado mes de vabril, Rosales recibió una amenaza anónima donde se hacía referencia a su labor en la defensa de derechos humanos en Guerrero, especialmente la búsqueda de justicia de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, el acompañamiento a la resistencia contra el proyecto hidroeléctrico «La Parota», y a los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Tlachinollan también señaló en la conferencia de prensa de este jueves, la persistencia de riesgos para el defensor y sus compañeros del Centro de Derechos Humanos de la Montaña. La organización puntualizó que «si bien el Gobierno del estado de Guerrero proveyó algunas medidas de infraestructura de seguridad, la investigación efectiva de los hechos no presenta avances, aun cuando ésta es la principal garantía de que no se consumarán atentados contra los integrantes del Centro».
En este contexto, Tlachinollan y Vidulfo Rosales Sierra sostuvieron una reunión con el gobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, en el encuentro se reiteró la necesidad de adoptar medidas que garanticen plenamente la seguridad de las y los defensores de derechos humanos, comenzando por la investigación efectiva de las amenazas. Esta exigencia ha sido respaldada por diversas organizaciones nacionales e internacionales como Amnistía Internacional (AI), Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ), la Oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), entre otras.
Por su parte en una carta dirigida precisamente a Aguirre Rivero, organizaciones nacionales e internacionales llamaron al gobierno a «respetar su labor no sólo omitiendo inhibirla directamente sino también garantizando que existan condiciones para su ejercicio. En ese sentido, a su gobierno compete garantizar la vida y la integridad personal del señor Vidulfo Rosales Sierra y todo el equipo de Tlachinollan, tomando a su favor medidas concretas e inmediatas de protección».