El mes de junio fue el más bajo en el último año, en asesinatos atribuidos a la estrategia de narcotráfico implementada por el gobierno de Felipe Calderón y por enfrentamiento entre grupos armados. En el contexto de las elecciones, estos datos resultan relevantes en el reacomodo de las fuerzas, en el campo social. Según el periódico la Jornada[1], en el mes previo a las elecciones, “sólo hubo 850” asesinatos, pero la semana siguiente al 1 de julio, el índice se elevó[2] el cual atribuye a la incertidumbre que tienen los grupos criminales por el cambio de gobierno.
Es indiscutible que los presuntos grupos delictivos participan de las actividades promovidas por el Estado, como son las elecciones. En Guerrero y otras seis entidades los aspirantes a elección popular denunciaron que en plena campaña electoral, se vieron obligados a «pedir permisos» a la delincuencia organizada para poder participar en las elecciones. Un ejemplo en Tierra Caliente y Costa Grande, lo dio un diputado local cuando afirmó “resulta prácticamente imposible no llegar a los arreglos o convenios que establece la gente que opera la plaza”. Los perredistas se reunieron con el Secretario de Gobernación porque por lo menos 13 candidatos habían recibido amenazas. Las campañas estuvieron marcadas por una alta violencia en algunos territorios porque la participación del crimen organizado se da fundamentalmente en el mercado de la compra y coacción del voto; el mercado económico y político se une en las elecciones. Los grupos delicitivos participan en la subasta de impunidad. Recordemos los casos de Julio Cesar Godoy y el asesinato de Rodolfo Torres Cantú.
En este contexto, es previsible que los grupos que hicieron un pacto para participar en las campañas en los tres niveles de gobierno, estén llevando, ahora, la lucha nuevamente por la vía armada. Este análisis nos debería llevar a exigir que la seguridad que brinda el Estado no esté en función de los intereses de los diferentes grupos delincuenciales, sino en función de los ciudadanos. Estamos en el momento justo para exigir a quien sea designado Presidente de la República, ponga en su agenda la seguridad ciudadana y el respeto a los derechos humanos.
[2] El diario Reforma, argumenta que en promedio hubo 150 asesinatos por semana antes de las elecciones, mientras que la primera semana después del 1 de julio, se elevo a 218.