En el marco de la 52 sesión del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) realizada en Nueva York, se discutió entre otros temas, la impunidad que prevalece en el caso de la tortura sexual cometida contra mujeres en Atenco durante el operativo policiaco los días 3 y 4 de mayo de 2006.
Durante la sesión, Soledad Murillo de la Vega, experta del Comité CEDAW y relatora para México cuestionó a las autoridades mexicanas que -seis años después de los hechos- no haya ni una sola persona castigada, puesto que hay suficientes elementos probatorios sobre la tortura sexual cometida contra las mujeres de Atenco por parte de agentes del Estado mexicano.
Ante esta pregunta, el subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno del Estado de México, Joel Alfonso Sierra Palacios respondió –en nombre de la delegación gubernamental- que en un primer momento detuvieron a 21 policías por abuso de autoridad y actos libidinosos, pero debemos reconocer que todos obtuvieron su libertad”.
Acto seguido el representante del Estado anunció que las investigaciones por los crímenes cometidos en Atenco habían concluido en febrero de 2012 y que se han hecho consignaciones en el caso solicitando órdenes de aprehensión, sin especificar en contra de quienes se solicitaron las órdenes o si conoce el paradero de éstos.
Respecto a esta situación, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Comité Mundial contra la Tortura exigieron al Estado mexicano que “haga del conocimiento de las denunciantes y sus representantes legales todos los datos y actualizaciones sobre el caso Atenco, con el fin de dar pasos hacia el acceso a la justicia a las mujeres denunciantes, en vez de limitarse a dar a conocer tal información ante organismos internacionales”.
Entre otros temas presentes en la reunión del comité CEDAW estuvieron las agresiones a mujeres periodistas, defensoras de derechos humanos, indígenas; organizaciones feministas y de derechos humanos pidieron al comité que lleve a cabo una investigación sobre la violencia cometida contra estos sectores, misma que se ha incrementado en los últimos años.