El 11 de julio de 2012, organizaciones y personas en particular que trabajan por la defensa de los derechos humanos en la frontera norte de México, escribieron con preocupación una carta abierta al Lic. Eruviel Ávila, actual gobernador del Estado de México, por el cierre del Albergue para migrantes San Juan Diego localizado en la Colonia Lechería, en el Municipio de Tultitlán.
- Casa del Migrante San Juan Diego.
En dicho escrito recordaron al Gobernador que tiene pleno conocimiento de que el trabajo de promoción y defensa de derechos humanos de migrantes ha sido criminalizado y deslegitimado durante su administración, y los y las defensoras han sido amenazados con ser linchados y quemados atentando flagrantemente contra su vida. La situación no es mejor para las personas migrantes, tan sólo el 2011 en menos de tres meses, 3 migrantes fueron asesinados, fruto de la discriminación y xenofobia.
A pesar de que la sociedad civil ha hecho multiples solicitudes a través de acciones urgentes y llamados para que el gobierno a su cargo desarrolle acciones que garanticen el derecho a la vida, la libertad, la seguridad y la defensa de los derechos humanos, las escasas respuestas no estuvieron a la altura de la necesidadad de construcción de un espacio respetuso y garante de los derechos humanos.
Enfatizaron lo siguiente:
- El Albergue San Juan Diego y las personas migrantes no son los responsables de que en la colonia Lechería exista presencia de traficantes de drogas y de personas. Por el contrario, han sido y serán ahora en mayor proporción víctimas de estas redes que delinquen por las faltas de garantías de seguridad que el Estado de México tiene el deber de proporcionar.
- El Albergue San Juan Diego no es responsable de que en la colonia escasee el agua, ni de que no exista un sistema de recolección de basura adecuado; cuando ni el albergue ni las personas migrantes tienen bajo su responsabilidad la administración municipal a su cargo.
- El expresidente municipal, Calzada, no cumplió su compromiso público de entregar un terreno para reubicar el Albergue y poder tener un lugar más digno para la atención a las personas migrantes a pesar que los defensores accedieron y cumplieron su soliciutud de juntar las firmas necesarias la donación del terreno.
- La violencia permitida en el municipio afecta no solo a los cuidadanos mexicanos, sino también a las personas migrantes. Sólo de casos reportados en el 2011, tres migrantes fueron asesinados incluido un adolescente que fue entregado a un grupo delincuencial por la policía municipal, quedando todos estos delitos en la más completa impunidad.
De acuerdo a lo antes mencionado, asumieron la falta de voluntad política del Gobierno del Estado de México para garantizar el derecho a defender los derechos humanos, proteger la vida, la integridad y contrarestar la criminalización de una población vulnerable, situación que, señalaron, ha obligado a Monseñor Guillermo Ortiz, al cierre definitivo del albergue, a fin de evitar más muertes y un conato de violencia con resultados catastróficos.
Poco a poco a las Instituciones gubernamentales pareciera que la promoción, procuración y defensa de derechos humanos de hombres, mujeres, indígenas, migrantes niños, etc, para ellos son sólo palabras necias de quienes los procuramos, a lo que responden con oídos sordos.
Organizaciones firmantes: