El día de ayer, Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW), Robert F. Kennedy Center for Human Rights, Latin America Working Group (LAWG), Washington Office on Latin America (WOLA), Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC),Fundar (Centro de Análisis e Investigación), el Centro Prodh y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, dieron a conocer, en un boletín de prensa, que enviaron un memorandum al Departamento de Estado y al Congreso de Estados Unidos, en el que informaron sobre el incumplimiento del Gobierno mexicano a los requisitos en materiade derechos humanos reconocidos en la Iniciativa Mérida, que como es sabido, da marco a la cooperación binacional en materia de seguridad frente al crimen organizado.
Según lo demostrado por las organizaciones, el Congreso de Estados Unidos no debe entregar el 15% de los fondos que están condicionados al cumplimiento de estos criterios, pues su entrega transmitiría el mensaje de que este país aprueba las graves violaciones de derechos humanos cometidas en México. Así pues, el Estado mexicano no ha cumplido con:
- Garantizar que los agentes del ministerio público y las autoridades judiciales civiles investiguen y juzguen a los policías federales y los militares contra quienes existan denuncias creíbles de violaciones de derechos humanos.
- Hacer cumplir la prohibición de utilizar aquellas declaraciones que se obtengan mediante tortura.
- Mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de las fuerzas policiales federales y trabajar con las autoridades de los estados y municipales para reforzar estos valores en las fuerzas policiales de los estados y municipales.
- Consultar periódicamente a organizaciones de derechos humanos de México y a otras organizaciones de la sociedad civil para que formulen recomendaciones sobre la implementación de la Iniciativa Mérida.
Cabe señalar, además, que de manera especial, México ha incumplido los señalamientos correspondientes al juzgamiento de abusos militares por hechos de tortura. En este sentido, las organizaciones recordaron que desde 2007, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha recibido más de cuatro mil denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por elementos de las Fuerzas Armadas; sin embargo, hasta la fecha el Código de Justicia Militar no ha sido reformado.