La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM), el Centro Prodh, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fran Juan de Larios, el Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, la Fundación Diego Lucero, Nacidos en la Tempestad, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos y la Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de Sinaloa señalaron en un boletín de prensa que, durante las úlitmas cuatro décadas, han documentado delitos que emanan de una estrategia de terrorismo de Estado, en contra de las personas que disienten de los regímenes autoritarios y antidemocráticos.
Las desapariciones forzadas de personas, ejecuciones extrajudiciales, torturas, allanamientos, encarcelamientos injustos en condiciones degradantes, procesos judiciales amañados y otros tipos de hostigamientos por parte del Estado han sido señalados y demostrados a lo largo de la historia. Inclusive, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, (CNDH), después de una pequeña e ineficiente hecha investigación, emitió la recomendación 26/2001, en la cual tuvo por acreditados un número mínimo de casos dentro de este contexto de “guerra de baja intensidad” o también mal llamada como “Guerra Sucia”. De 532 expedientes, acredita 275 casos de desaparición forzada, cuando las organizaciones reportan más de 1,200 casos de personas desaparecidos por el Ejército mexicano, grupos paramiliatres y cuerpos policíacos.
Recordaron que al llegar Vicente Fox Quezada a la Presidencia de México, tras más de siete décadas de régimen priista, éste no cumplió con realizar los pasos tendentes a la investigación de la verdad y el acceso a la justicia en el país. Pese a haber prometido durante su campaña que se instaurarían mecanismos para conocer la verdad, otorgar sanciones a los responsables y reparar los daños a las víctimas y familiares afectados, el propio Fox desconfió de los alcances de la “Fiscalía Especial para la atención de hechos probablemente constitutivos de delitos federales cometidos directa o indirectamente por servidores públicos en contra de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado” (FEMOSPP).
Los magros esfuerzos realizados por dicha FEMOSPP han terminado por caer, cerrarse y desaparecer junto con sus averiguaciones previas. Según información solicitada vía IFAI por el Centro Prodh, de 570 denuncias recibidas por esta Fiscalía no se ha obtenido ninguna sentencia condenatoria, no han existido consignaciones de responsables que hayan derivado en proceso penal, se han archivado alrededor de 150 averiguaciones previas y el resto se mantienen empolvadas en cajas dentro de la Coordinación General de Investigación (CGI), adscrita a la Procuraduría General de la República (PGR).
Durante el sexenio que está por concluir, nunca hubo una estrategia o siquiera algún pronunciamiento concreto para continuar con las investigaciones. La impunidad sigue siendo parte de la historia y de nuestro presente. No es posible, entonces, señalaron las organizaciones, concebir que México pretenda ser llamado un país democrático cuando en la vía de los hechos esto no ha sido traducido en una real transformación hacia la verdad, justicia y reparación integral.
Asimismo, expresaron que como familiares, organizaciones y colectivos, les es igualmente preocupante que en ninguna de las propuestas de campaña presentadas por los candidatos o la candidata a la Presidencia de la República mexicana se contemple el tema de la verdad y la justicia en casos del “pasado” y del presente, así como el del combate a la impunidad histórica y cumplimiento de los compromisos internacionales en esta materia, a pesar de haber sentencias internacionales contra el Estado mexicano.
Ante esta situación, hicieron un fuerte llamamiento a los candidatos y la candidata al puesto del Ejecutivo federal a fin de que se comprometan con la investigación de los delitos cometidos por parte de órganos de seguridad pública y política del Estado mexicano en la época denominada como “Guerra Sucia” y, que éstas averiguaciones deriven en sanciones a los responsables, reconocimiento a la verdad y reparación a las víctimas y sus familiares.