El día de ayer, decenas de organizaciones, entre las que se encuentran las que conforman el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria y el Foro Migraciones, dieron a conocer un comunicado de prensa en el que señalaron que, a un año de la promulgación de la Ley de Migración, se ha podido constatar que la protección a las personas migrantes en tránsito por México continúa siendo limitada y, la mayoría de las veces, nula.
Así, explicaron que la Ley de Migración, ya de por sí confusa, se enrarece más porque todavía no existe un reglamento que termine con la discrecionalidad en el actuar de las autoridades. De esta forma, lo único que se ha producido es la falta sistemática de acceso a la justicia por parte de las personas migrantes, el entorpecimiento de los procesos de regularización migratoria y la indefensión legal de quienes no cuentan con una regular estancia en el país. En este sentido, señalaron que el anteproyecto de reglamento presentado por el gobierno federal a la COFEMER el pasado 18 de mayo es sumamente general y no lleva a la operatividad de la ley, puesto que no contempla plazos ni procedimientos claros; por lo tanto, denunciaron que tampoco garantiza los derechos de la población migrante ni facilita la regularización de los flujos migratorios.
Ante esta situación, las organizaciones de la sociedad civil demandaron la corrección de los defectos del reglamento, incluir procedimientos y tiempos claros, evitar que la verificación y el control migratorio afecten a quienes requieren protección internacional, el otorgamiento de visas humanitarias a víctimas del delito, ofendidos y testigos, dar seguimiento a las recomencaciones del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas, integrar regulaciones amplias de los temas de la ley directamente en el reglamento y llevar a cabo una evaluación de la aplicación de la Ley de Migración.