El día de ayer, organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, así como personas en lo individual, suscribieron un comunicado de prensa en el que exigieron seguridad para el defensor de derechos humanos Vidulfo Rosales Sierra y el equipo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Tlachinollan, organización ubicada en la Montaña de Guerrero, denunció que, a pesar de que Vidulfo es beneficiario de medidas provisionales decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH), recibió recientemente una amenaza anónima que señala: «“LICENCIADITO DE MIERDA, DEJA DE DIFAMAR A LAS AUTORIDADES, YA NOS DEBES VARIAS EN TODO TE METES LA PAROTA, LAS DISQUE MUJERES VIOLADAS Y AHORA CON LOS VÁNDALOS AYOTZINAPOS CÁLLATE […] TE VAS A MORIR”.
Ante estos hechos, Tlachinollan informó que presentó la denuncia penal correspondiente ante la licenciada Martha Elba Garzón Bernal, Encargada de Despacho de la Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero. Asimismo, representantes de la organización, junto con Vidulfo Rosales, sostuvieron una reunión con altos funcionarios del gobierno de Guerrero, en donde estuvo presente Ángel Aguirre Rivero; sin embargo, no hubo representación alguna del gobierno federal (responsable de la implementación de las medidas cautelares).
Además de mostrar preocupación por los hechos, las organizaciones que suscribieron el comunicado evidenciaron que las amenazas contra el abogado son resultado de su labor de defensa y protección de los derechos humanos, entre las que destaca el acompañamiento que actualmente Tlachinollan hace a los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero. De la misma manera, destacaron que el hostigamiento es reflejo del deterioro de la situación en la que las y los defensores llevan a cabo su labor a lo largo del país.
Por lo tanto, demandaron a las autoridades estatales y federales una implementación efectiva de las medidas cautelares solicitadas, mismas que protejan y garanticen la vida, la seguridad y la integridad de Vidulfo Rosales Sierra, la de sus familiares y la de las y los integrantes de Tlachinollan. Además, pidieron al gobierno federal que cuanto antes se ponga en marcha el mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos, mismo que a la fecha no existe, por lo que deja en un grado de suma vulnerabilidad a quienes lo necesitan.