El pasado viernes 11 de mayo, el candidato a la presidencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Enrique Peña Nieto visitó la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, en la que fue cuestionado por una gran cantidad de alumnos sobre los hechos suscitados en Atenco en el año 2006.
Ante el discurso del ahora candidato, plagado de irregularidades y planteamientos ajenos a la verdad, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) expresó en un boletín de prensa que reprueba la gestión de Peña Nieto en materia de derechos humanos; entre otras razones, por los graves hechos de violencia y de violaciones a los derechos humanos suscitados en el Operativo Atenco 2006. Asimismo, recordó que quienes se organizaron y movilizaron en Atenco y Texcoco tenían intereses legítimos y defendían sus propios derechos humanos, por lo que con certeza se puede afirmar que el Operativo Atenco surgió como una estrategia del Estado para crear miedo y desmovilizar la protesta social. En este sentido, el Estado no tuvo nunca razón alguna para utilizar elementos de seguridad pública contra las y los manifestantes.
Como prueba de los daños causados, el Centro Prodh señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) documentó y reconoció la existencia de graves violaciones a los derechos humanos; sobre todo, las que refieren tortura sexual en contra de las mujeres detenidas por los policías estatales y federales. Asimismo, que la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) e, incluso, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT) reconocieron la gravedad de los hechos, por lo que en varias ocasiones se han pronunciado por la exigencia de justicia y castigo a los responsables.
El Centro Prodh destacó además la preocupación que le produce el hecho de que Enrique Peña Nieto haya reconocido la responsabilidad que tuvo en la ejecución de los hechos, pues esto significa entonces que conoció y permitió la comisión de violaciones a derechos humanos tan graves como la privación de la vida, la realización de cateos ilegales, el daño a propiedad ajena, la detención arbitraria, la tortura y el maltrato, así como la tortura sexual y violación sexual. Reiteró que, para que exista un verdadero ejercicio democrático en el país, es necesario el reconocimiento a las violaciones a los derechos humanos, el castigo a los culpables y la reparación del daño. Asimismo, quien pretenda gobernar México debe ser capaz de hablar con la verdad y no ocultar hechos graves que mancillaron a la población del Estado de México y del país entero.