El acceso al agua es un derecho, sin embargo lo que vemos es un servicio deficiente e inaccesible para una buena parte de la población. Sabemos que en función de este derecho, también está la salud, pero además, de ahí penden los demás derechos. No es un tema lejano de las familias, por eso reviste una gran importancia que las comunidades locales se organicen para defenderlo. Este es el caso de la región de la Isla, en Tabasco, que colinda con el sur de Chiapas y forma parte, en su mayoría, del municipio de Centro, donde se encuentra la ciudad de Villahermosa. Tabasco tiene mucha agua: más del 30% del agua dulce del país; sin embargo, como en muchas regiones del país, la privatización de los servicios recorre como un fantasma al grado de poner en peligro el acceso al derecho al agua.
Las comunidades con inspiración en la praxis cristiana lucharon desde hace décadas porque más de cien mil personas pudieran recibir agua entubada. Con la exigencia a Pemex por todas las acciones contaminantes que ha producido en todo el estado del sureste, se consiguieron unos filtros y bombas que aún están en funciones. Para el mantenimiento de todo el equipo necesario, cada familia aportaba diez pesos. Sin embargo, el alcalde de Centro, ahora candidato priista por el gobierno, aumentó de manera desproporcionada al 150% y también el problema fue querían poner medidores. Con esto se violaba el decreto 050 del 1 de enero de 2005, publicado en el Diario Oficial del estado.
Las comunidades reflexionaron el problema a partir de la misión cuaresmal y en marzo de 2009, se propusieron la defensa del agua de la Isla. Se configuró una comisión que junto con otras personas interesadas convocó a una asamblea de representantes de las comunidades. Desde ese momento se formó la Comisión por la defensa del agua de la Isla. Intentaron dialogar con las autoridades competentes del Sistema de Agua y Saneamiento (S.A.S.) del Ayuntamiento de Centro; sin embargo, los trámites no prosperaron. Fue muy delicado pues hubo amenazas porque estaba en juego mucho dinero.
La Comisión buscó información oficial como el Decreto 050 y la declaración del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde se “afirma que el derecho humano al agua potable y saneamientos se deriva del derecho a un nivel de vida adecuada y esta indisoluble asociado al derecho al más alto nivel posible de salud física y mental y así como el derecho a la vida y a la dignidad humana” y todo ello fue el respaldo moral que los llevó a trabajar por tres años porque se reconocieran sus derechos. Después de muchas vueltas a las instancias municipales y de no prosperar en los acuerdos con las autoridades, se interpuso una demanda en contra del S.A.S. ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado. Este ejercicio para quienes formaban el Comité y para quienes hacían un trabajo en las comunidades, estuvo a punto de fracasar, pues la lucha era aparentemente inequitativa: el gobierno con muchos recursos buscó bloquear las iniciativas presentadas; sin embargo, la fuerza de las comunidades pudo más. El camino recorrido fue como un laberinto que los llevó a descubrir que es posible organizarse para luchar por el ejercicio de los derechos humanos y en contra de la privatización.