A nueve años de haber iniciado el movimiento de resistencia contra el Proyecto Hidroeléctrico Presa La Parota, que el gobierno mexicano trató de imponer ejerciendo la violencia de Estado como método coercitivo, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (CECOP), reafirmó, en un comunicado, su decisión de seguir defendiendo la tierra, el territorio, el agua, la biodiversidad y, sobre todo, la posesión comunitaria de las tierras, la autonomía y la autodeterminación de los pueblos: «Nuestra lucha sigue y seguirá firme hasta lograr la cancelación definitiva del Proyecto Hidroeléctrico Presa La Parota».
Bajo la premisa de que la tierra no se vende, el movimiento continúa obteniendo frutos estratégicos. El más importante es, por supuesto, haber impedido la construcción de la presa, que afectaría irremediablemente el entorno ecológico y social. Sin embargo, la lucha ha sido difícil. En el año 2005, por ejemplo, se concentró la mayor violencia en el conflicto, por el hostigamiento de la Comisión Federal de Electricidad y el gobierno del estado de Guerrero, quienes destruyeron el tejido social de las comunidades por medio de la fuerza policiaca, la repartición de dinero y la impunidad, que incluso, llevó a la muerte de tres integrante de la CECOP.
La lucha por la defensa de La Parota también ha acarriado la criminalización de la protesta social y de la defensa de los derechos humanos. En 2004, fueron libradas seis órdenes de aprehensión contra los dirigentes de la CECOP, algunos de los cuales permanecieron encarcelados y luego estuvieron sujetos a juicio, obligados a firmar cada ocho días en el reclusorio durante cuatro años.
Por otra parte, el gobierno se ha encargado de realizar asambleas fraudulentas, donde se falsifican firmas, incluso, de personas que ya han muerto. Un ejemplo de esto es lo sucedido el 14 de agosto de 2005, cuando los líderes de la Confederación Nacional Campesina (CNC), con financiamiento de la CFE y apoyo de 1,300 policías, realizaron una asamblea que terminó en un fuerte enfrentamiento entre los campesinos opositores y las fuerzas de seguridad.
No fue sino hasta principios del año 2007 que el Tribunal Tribunal Unitario Agrario No. 41 con sede en Acapulco, Guerrero, declaró nulas las asambleas realizadas por el gobierno, dejando al descubierto la ilegalidad con la que se pretendía obtener los permisos para iniciar el proyecto La Parota: «La anulación de estos mecanismos fraudulentos, respaldados además con la fuerza policiaca, desnudaron la actuación ilegal del gobierno mexicano y la simulación jurídica que utilizan sistemáticamente como método para imponer los megaproyectos de las empresas trasnacionales no importándoles las agresiones y la violación a los derechos de los pueblos».
Las Sentencias de nulidad del Tribunal Agrario sobre las asambleas de 2005 significan un gran triunfo del CECOP. Sin embargo, el 28 de abril de 2010, en la comunidad de La Concepción en los Bienes Comunales, realizaron una nueva asamblea con los mismos métodos y con 800 policías doblemente armados, con capuchas, pasamontañas y armas de alto poder que impidieron el acceso de los campesinos, los que fueron suplantados por taxistas. El 19 de abril del 2011, el Tribunal Unitario Agrario No. 41 también declaró nula esta asamblea; sin embargo, la lucha sigue y seguirá, hasta que las personas dueñas de las tierras sean libres de utilizarlas y vivirlas como así lo quieran.