El pasado fin de semana hubo preocupación en la comunidad de defensoras y defensores de derechos humanos, tras la publicación por parte de la revista Proceso de un reportaje que da cuenta de que personas ligadas a distintas organizaciones y procesos de reivindicación de derechos, han sido «fichados» por parte de las secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública. El citado reportaje describe las fichas que dichas dependencias poseen de Emilio «Álvarez Icaza, extitular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF); de Miguel Álvarez Gándara, presidente de Servicios de Asesoría para la Paz (Serapaz); de Clara Jusidman, fundadora de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (Incide Social); de Miguel Concha, fundador del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, y del estudiante Raúl Romero Gallardo».
En las fichas, señala José Gil Olmos, quien firma el texto, se » incluyen fotografías recientes y (…) se les relaciona con movimientos radicales; incluso se afirma que algunos tienen nexos con agrupaciones guerrilleras como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Ejército Popular Revolucionario (EPR) o que han sido sus intermediarios». El reportero también destaca el hecho de que en las fichas se incluyan «las 288 propuestas que presentó el MPJD al gobierno, las repuestas oficiales y un informe de la comisión de seguimiento al diálogo de Chapultepec».
En respuesta a esta filtración, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, ha emitido un comunicado en el cual reprocha al gobierno federal por inmiscuirse «en la privacidad de nuestros compañeros con fines que desconocemos y que el gobierno federal deberá aclarar». En opinión de este Movimiento, «la información contenida en las “fichas” revela, una vez más, la intención de criminalizar a víctimas y defensores de derechos humanos, y evadir, de esta manera, la responsabilidad de proteger la vida y seguridad de la ciudadanía. La redacción de estas fichas también nos hace ver que mientras el país atraviesa una emergencia nacional el gobierno federal se ocupa en investigar a sus críticos».
Sin embargo, ésta no es la única situación en la que se evidencia el clima de persecución civil. El pasado jueves 6 de abril José Luis Castillo Carreón y su hijo Lorenzo fueron detenidos en Ciudad Juárez, Chihuahua, acusados de un crimen cometido hace 4 años. Esta detención coincide con la reciente actividad pública que José Luis y Martha, su esposa, han tenido exigiendo una investigación para encontrar a Esmeralda, su hija, quien desapareció en 2009.
En el contexto de esta preocupante reacción oficial, CENCOS publica una entrevista donde el abogado David Peña, quien defiende el caso de Esmeralda y es cercano a la familia, detalla las irregularidades en la detención. Peña señala que «desde el primer momento la forma de la detención es irregular, sin orden de aprehensión; los agentes del Ministerio Público acuden a su casa y los sacan con engaños diciéndoles que tienen que ir a firmar unos papeles, y ya en la Fiscalía les informan del supuesto delito y los detienen. Además, se les acusa de un crimen cometido hace 4 años, el 20 de agosto de 2008, del cuál en su momento no hubo ni retratos hablados. [Ahora] una de las víctimas dice que reconoció a los dos por que salieron en los medios de comunicación recientemente, pero [Lorenzo] su hijo no ha salido en medios”.
En un contexto de impunidad que orilla a las víctimas a tratar de subsanar las fallas del Estado en su responsabilidad de garantizar el acceso a la justicia, hechos como los descritos en las fuentes señaladas, llaman a la preocupación y a la solidaridad.