José Ramón Aniceto y Pascual Agustín Cruz, indígenas nahuas originarios de la comunidad de Atla, municipio de Pahuatlán, Puebla, están presos actualmente en el penal de Huauchinango, Puebla. Después de acusarlos de un robo que nunca existió, se les sentenció a más de seis años de prisión. Después de una exhaustiva documentación, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro Prodh) y el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J., asumieron la defensa integral del caso.
José Ramón y Pascual son, en toda la extensión de la palabra, defensores de derechos humanos, dijo José Rosario Marroquín, director del Centro Prodh, al momento de presentar el Caso de los Defensores Comunitarios del Agua. Asimismo, señaló que el reconocimiento que ahora les hace Amnistía Internacional alienta “nuestro deseo de buscar formas de seguir acompañando procesos comunitarios de exigencia de derechos humanos en todo el país”.
Por su parte, Rupert Knox, investigador sobre México de Amnistía Internacional, realizó una documentación del caso que les permitió adoptar a José Ramón y Pascual como presos de conciencia, pues concluyeron que estos dos indígenas fueron procesados como represalia por su trabajo de defensa de los derechos humanos. Esto, incluso, pudo ser constatado por el mismo equipo de Amnistía al visitarlos a ellos y a su comunidad.
Asimismo, al revisar el expediente, Rupert Knox señaló que constataron que no existe delito alguno por el cual impugnar a José Ramón y Pascual; por lo tanto, denunció que el ministerio público no realizó las investigaciones pertinentes, sino que se basó sólo en la declaración de la supuesta víctima para realizar la consignación, por lo que hay irregularidades y contradicciones evidentes. Además, destacó que nunca se tomó en cuenta el idioma náhuatl ni la cosmovisión indígena, lo que vició el desarrollo del proceso penal.
Este caso, dijo Knox, demuestra que el sistema de justicia mexicano sigue teniendo procesos judiciales infundados que traen como consecuencia serias injusticias, que lastiman tanto a quienes se encuentran detenidos injustamente como a su familia y a su comunidad. Por lo tanto, pidió su liberación inmediata e incondicional y anunció que realizarán una campaña para exigir su liberación.
Los abogados de los Defensores Comunitarios del Agua, Andrés Díaz y Araceli Olivos, del Centro Prodh, señalaron que el caso se encuentra actualmente ante la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien podrá atraer el caso para sentar precedentes en tres aspectos fundamentales de la justicia mexicana: que no hubo una defensa adecuada debido a que no contaron con ningún intérprete; que nunca existió ningún delito que perseguir; y porque mientras que es el ministerio público quien debe sostener la culpabilidad del procesado, José Ramón y Pascual se vieron obligados a buscar comprobar su inocencia.
Cabe decir que el Centro Prodh se congratula con el nombramiento de José Ramón y Pascual como presos de conciencia y espera que la Primera Sala de la SCJN atraiga el proyecto y resuelva de manera pronta la libertad absoluta para los Defensores Comunitarios del Agua.