El viernes 23 de marzo, siendo aproximadamente las 22 horas, murió Clemente Sánchez Sánchez, quien trabajaba en la construcción de la Supervía poniente. Esto, debido a que le cayeron encima toneladas de tierra y piedras.Según un comunicado emitido por el Frente Amplio Contra la Supervía Poniente de Cuota, éste no es el primer accidente que se presenta, lo cual muestra la irresponsabilidad de OHL, Copri y Atco, empresas encargadas de la construcción de este megaproyecto. El 21 de mayo de 2011 se ladeó una columna del segundo piso San Antonio – El Toreo; el 19 de julio de 2011 cayeron tres «ballenas» a la altura de Ejército Nacional, mismas que provocaron heridas que el Gobierno del Distrito Federal calificó como leves; el 24 de junio de 2011 falleció Abraham Nava Martínez, vecino de la Delegación Magdalena Contreras, al caer en un hoyo de 20 metros de profundidad. Ya en este año, el 7 de marzo de 2012 resultaron heridos cuatro trabajadores por un derrumbe; esto, durante la excavación de un túnel, entre Luis Cabrera y San Jerónimo.
Estos hechos se suman a las declaraciones de la empresa Controladora Vía Rápida (OHL – Copri), que en diciembre del año 2011 solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente autorización para tener una escalera de emergencia y la existencia de comunicación entre los túneles, de tal forma que permitieran, en caso de accidente, contar con más espacio de pronta ayuda. Esto significa, entonces, que quienes laboran en la Supervía no cuentan con condiciones mínimas de seguridad. A decir del Frente Amplio, «la obra se ha realizado con deficiencias o ausencia de medidas de seguridad, contratando personal sin el nivel técnico adecuado, que trabaja las 24 horas del día sin equipo de trabajo ni seguridad social que lo proteja. Llama la atención que el trabajador fallecido laborara en TGC, empresa que ha hecho los estudios de mecánica de suelos; éstos se hicieron después de presupuestado el proyecto y por lo visto no han terminado».Por lo tanto, el Frente Amplio hizo un enérgico llamado a las autoridades del Gobierno del Distrito Federal para que ordenen de inmediato la suspensión de la obra hasta que no se investigue y determine quiénes son los responsables de las muertes y accidentes causados. Además, señalaron que, en caso de que la obra se reanude, será necesario garantizar la seguridad de los trabajadores y los vecinos que viven en la zona.