El día de ayer, organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, entre las que destacan la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la Organización Mundial Contra la Tortura, la Fundación para el Debido Proceso Legal y la Asociación para la Prevención de la Tortura, emitieron un boletín de prensa conjunto, en el que llamaron a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados a modificar el proyecto del nuevo Código Federal de Procedimientos Penales (CFPP), pues tal y como está viola derechos fundamentales y abre las condiciones para permitir graves violaciones, como la tortura.
Las organizaciones señalaron que en México se ha podido constatar que, con mucha frecuencia, el uso de pruebas coaccionadas conlleva a la impunidad y a la condena de inocentes, lo cual pone en riesgo la integridad física y la libertad de todas las personas que habitan en el país. De acuerdo con el nuevo sistema de justicia penal, cualquier prueba obtenida con violación de los derechos fundamentales debe ser considerada nula; sin embargo, el nuevo proyecto de CFPP contempla peligrosas excepciones. A decir del comunicado emitido por las organizaciones, «Según su artículo 291, “No se considerará violatoria de derechos humanos” información que “aún y cuando haya resultado de una prueba ilícita, habría sido obtenida por otros medios”, o cuyo vínculo a los actos violatorios de derechos humanos sea “atenuado”, un término altamente ambiguo. También sería admisible una prueba impugnada siempre y cuando la misma se obtenga de alguna f uente independiente de los abusos cometidos».
Este dictamen, entonces, traerá como consecuencia la perpetuación de la práctica de la tortura, pues da cabida a que las fuerzas federales continúen cometiendo detenciones arbitrarias y coaccionando declaraciones. Por lo tanto, no cumpliría con lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la sentencia por el Caso de los Campesinos Ecologistas (Cabrera García y Montiel Flores), fue enfática al señalar que las pruebas obtenidas mediante tortura y tratos crueles deben ser excluidas siempre de la investigación.
Después de este análisis, las organizaciones demostraron que la única manera de transitar a un sistema penal moderno, capaz de distinguir entre inocentes y culpables y de garantizar los derechos humanos de todas las partes, es excluir toda prueba derivada de violaciones a los derechos humanos. Por lo tanto, exigieron a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados que suprima las excepciones actualmente contempladas en el párrafo segundo, numerales I-III del artículo 291 del proyecto del CFPP.