El discurso legitimador de quien toma las decisiones en el país afirma que no hay un incremento en la violencia; como ejemplo, manifiesta el descenso en la criminalidad. Ante este discurso, la discusión sobre la violencia se hace más urgente: ¿quiénes están resultando más dañados por la situación que experimenta el país? ¿Cuáles son las expresiones más violentas? ¿Cuáles son las mentiras que legitiman la violencia?
Cotidianamente somos expectadores de imágenes de personas degolladas, o colgadas de un puente o restos de personas que perdieron su vida en un tanque lleno de gasolina. Por lo tanto, se vuelve común pensar en esa violencia como parte de los sujetos que la realizan: separar esa violencia del sistema es ya de por sí un instrumento usado para dañar, pues además de que alguien es violento, es el único culpable de determinada circunstancia.
La violencia sí es generada por quien comete atrocidades (por quien asesina a una mujer con violencia, mata a un periodista y además le corta la lengua como amenaza para otros), pero también por quienes contribuyen con un sistema de pobreza y exclusión, con aquellos que hacen las políticas públicas que benefician los monopolios y aquellas políticas que han producido un mayor desempleo. La violencia en los ministerios públicos cumple el papel de separar y sólo perseguir al ladrón común, pero deja en paz al delincuente de cuello blanco. Por cierto, el caso de Miguel Sacal nos permitió acercarnos a la violencia privada, donde es posible que se castigue a los subalternos, porque se sabe que no habrá represalias.
Sin embargo, está también esa violencia ejercida de manera desmedida por el Estado, quien considera que el monopolio de la fuerza le pertenece y lo puede ejercer como parezca necesario. Las instituciones del Estado no se apegan a derecho (como botón de muestra habría que ver el estado de cumplimiento de las recomendaciones de la CNDH). Desde el 1 de diciembre de 2006 se le han otorgado facultades especiales a las fuerzas de seguridad para actuar con cada vez menos pruebas, justificaciones o fundamentos legales. La brutalidad de la guerra contra el narcotráfico ha producido más de 55,671 personas asesinadas de diciembre de 2006 a diciembre de 2012; un especialista en la materia considera que la cifra puede llegar al fin del sexenio hasta 71 mil.
Mientras tanto, los informes oficiales buscan minimizar las cifras y enfatizan que el 57% de los homicidios se concentra sólo en siete estados de la República: Chihuahua, Nuevo León, Guerrero, Sinaloa, Estado de México, Jalisco y Tamaulipas. Sin embargo, habría que completar la información porque tanto Torreón y Durango están clasificadas como dos de las diez ciudades más peligrosas del mundo, donde por cierto, Ciudad Juárez ocupa el segundo deshonroso lugar. Establecer que la violencia está acotada es falso, pues es claro que ésta se proyecta como una sombra que cada vez más invade a todo el país (ejemplo de ello es el incremento de la violencia que se vive en Zacatecas y Veracruz).
La violencia económica, la falta de seguridad, la militarización, y una cultura machista y autoritaria transgreden la vida y derechos de quienes habitan y transitan por México, y ponen en evidencia que el Estado mexicano ha sido incapaz de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.