La siguiente es una nota informativa de CIMAC, agencia de noticias especializada en el tema de mujeres y género que, por lo tanto, son voz autorizada para la reflexión en torno a la violencia contra las mujeres y, en este caso, sobre los feminicidios que todavía son una realidad cotidiana en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Por la Redacción.
México, DF, 23 feb 12 (CIMAC).- Tras advertir que no se puede construir la justicia sepultando el pasado, que Chihuahua tiene historia y la justicia no se negocia, Norma Ledezma, madre de Paloma Escobar, asesinada en 2002, aceptó la disculpa que le ofreció el Estado mexicano en la capital de esa entidad, a través del secretario de Gobernación, Alejandro Poiré.
En el evento realizado en el Centro de Justicia para las Mujeres –que a partir de hoy llevará el nombre de Paloma Escobar Ledezma– estuvieron presentes autoridades de los tres niveles de gobierno y otros funcionarios.
Ahí, Norma Ledezma aceptó la disculpa del gobierno, pero aclaró que nada pagará el daño causado y que la vida de su hija Paloma nadie se la regresará; por ello pidió que la justicia deje de ser una utopía y que la muerte de su hija no sea en vano.
“Sé que mi vida jamás será igual, su sangre sigue reclamando justicia… creo profundamente en un mundo mejor, lo creo con toda la fuerza de mi convicción y que en este edificio, el cual lleva el nombre de mi hija, se fabriquen sueños y se fortalezca la esperanza donde la justicia deje de ser una utopía y se convierta en una realidad, que la muerte de mi Paloma no sea en vano”.
En el evento público de reconocimiento de responsabilidad internacional por el caso de Paloma, Alejandro Poiré pidió a Ledezma considerar la ceremonia como un acto de justicia, y reconoció que este caso, al igual que otros, careció de una investigación adecuada y de atención por parte de las autoridades.
“Reconocemos la responsabilidad por todos estos actos y omisiones que nunca debieron ocurrir, en nombre del Estado Mexicano ofrezco la más sincera y sentida disculpa a sus padres y sus hermanos”, refirió el funcionario, quien con éste ha encabezado dos actos de reconocimiento público. El otro fue ante la indígena tlapaneca Valentina Rosendo, violada por militares en 2001.
“Nos encontramos aquí con el fin de reconocer públicamente la responsabilidad del Estado mexicano por violentar los derechos, las garantías y la integridad personal de Paloma Angélica”, agregó Poiré.
En su turno, el gobernador de Chihuahua, César Duarte, se disculpó con la familia Ledezma, al tiempo que recordó que las autoridades en turno no hicieron nada por averiguar su paradero y no evitaron su muerte.
“Asumimos la responsabilidad no la culpa, los culpables deben ser detenidos y enjuiciados”, dijo el mandatario estatal, quien recordó la creación de la Unidad Especializada en Investigación de Feminicidio y Delitos de Género, aunque cabe destacar que durante 2011 364 mujeres fueron asesinadas sin que a la fecha haya responsables de estas muertes.
Paloma Escobar desapareció el 2 de marzo de 2002 y fue encontrada muerta pocos días después. En unas semanas se cumplirá ya una década de su asesinato y de que su madre pide justicia, pero hasta ahora no hay indicios de los responsables del crimen.
Ante la cerrazón de las autoridades mexicanas, sus familiares –con el apoyo de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedhem)– presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en diciembre de 2003, y fue aceptado por el organismo en marzo de 2006.
Tras cinco años en la CIDH, en agosto pasado Norma Ledezma firmó un acuerdo con representantes de los gobiernos federal y estatal y la Comisión Interamericana, para cumplir medidas de reparación por las violaciones a los Derechos Humanos que la familia sufrió a partir de la muerte de Paloma.
Aunque la CIDH elaboró un informe sobre el caso desde 2010, en el que formuló nueve recomendaciones al Estado mexicano, no fue sino hasta 2011 cuando se formalizó ese acuerdo, con lo que las autoridades tienen un plazo de seis meses cumplirlo, de no ser así, la Comisión valoraría la posibilidad de remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).