El 2012 se presenta como un año con importantes retos para la equidad de género en nuestro país. El hecho de que por primera vez en la historia una mujer haya obtenido la candidatura a la presidencia de la República no parece ser un indicador de avance sustantivo en materia de igualdad de oportunidades y sobre todo de combate a la discriminación. Apenas un breve repaso a la información sobre mujeres reflejada en los medios de comunicación en el inicio de este año 2012, nos arroja como resultado una importante cantidad de situaciones en las que a situaciones inaceptables de por sí, se agrega un clima propicio a la discriminación por su condición de género.
El 5 de enero la CNDH dio a conocer que durante el 2011 recibió 494 quejas relacionadas con problemas de equidad de género. La mayor parte de estas quejas se vincularon con problemas del ámbito laboral y de prestación de servicios y están relacionadas con violaciones a los derechos de maternidad, falta de condiciones de igualdad en el trabajo, prestación indebida del servicio público y por impedir el ejercicio del derecho al trabajo digno. Las mismas fueron dirigidas principalmente contra la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado.
De manera paralela el 17 de enero Carmen Ponce, una economista especializada en temas de género señaló que el 2012 en materia laboral se caracterizará en México por la pérdida de fuentes de empleo y la insuficiencia salarial para adquirir lo mínimo para subsistir. Al ponderar la información que señala que las mexicanas de 20 a 29 años de edad con estudios de bachillerato o licenciatura también han sido perjudicadas con un aumento preocupante
en las tasas de desocupación, ya que en 2007 era de 7.7 por ciento y para 2011 creció a 10.49 por ciento, Ponce señaló que este incremento refleja que “el problema del desempleo se está feminizando”.
Pero si alguien pensará que los problemas se restringen al ámbito económico está equivocado. Ya el caso de Nancy Rojas Pastelín, nos demostró la persistencia de la discriminación en materia de acceso a la justicia. La joven que era víctima de acoso y agresión sexual por parte de un vecino, trato de denunciar los hechos ante el MP cuyo personal señaló a Nancy que «solamente podían actuar si existía una violación, o que la tuvieran amarrada, o que hayan abusado sexualmente de ella».
El Caso de nancy Rojas trascendió por la repercución que tuvo un video que se viralizó tras ser difundido en redes sociales. Sin embargo, no tuvieron la misma suerte otras mujeres cuyo caso no se difundió tan ampliamente. da cuenta de esto la información difundida el 6 de enero por el Instituto Nacional de las Mujeres en el sentido de que cuatro de cada 10 mujeres víctimas de violencia no presenta una denuncia por creer que se trató de algo sin importancia, y una de cada 10 porque no sabía que podía hacerlo o porque no confía en las autoridades. La misma información señala que una de cada cinco mujeres que sufrió violencia física pensó en suicidarse y que el porcentaje aumenta en el caso de las mujeres que padecieron violencia sexual (28 por ciento).
Como podemos ver, falta mucho por hacer en este campo y si bien casos como el de Nancy nos hablan de la inteligencia y habilidad para visibilizar públicamente un problema que no solo es individual, es claro que estructuralmente requerimos mucho más que una candidata a la Presidencia para acceder a la equidad plena y erradicar con ello la discriminación estructural que padece nuestro país.