El día de ayer, miércoles 25 de enero, diferentes organizaciones sociales se manifestaron frente a la Embajada de Canadá, en la Ciudad de México, a cargo de Sara Hradecky, quien llegó a México en noviembre de 2011 como Embajadora Designada de Canadá ante nuestro país.
Fue alrededor de las 4 de la tarde cuando diferentes organizaciones civiles tomaron de manera simbólica las instalaciones de la embajada canadiense, intentaron entregar una carta dirigida a la Embajadora, a la Presidencia de la República mexicana, a la Secretaría General de Gobierno y a la Subsecretaría de Gobierno y Desarrollo Político del estado de Oaxaca. También dirigieron un mensaje a las organizaciones sociales y civiles y a los ciudadanos mexicanos, dado a los graves hechos ocurridos en San José del Progreso desde 2006.
Sostienen que no se respetó el derecho de consulta para el inicio de las operaciones de exploración de dicha empresa, lo cual deriva en una falta de legitimidad de esas autoridades, y en el actuar ilegal de las autoridades, que han privilegiado la protección de los intereses de la empresa minera sobre los de la población.
Por consecuencia, se ha generado un vacío de poder y una pugna con las organizaciones comunitarias que practican las formas de organización provenientes de su experiencia histórico política y cultural, en un proceso de resistencia que busca rescatar su vida comunal, el estado de derecho, el desarrollo sustentable y la paz social, que se ha visto seriamente aminorada desde la legada de la empresa a Cuzcatlán.
Las organizaciones manifestaron que la extracción minera responde a intereses globales y a un modelo de desarrollo unitario y excluyente que busca la maximización de las ganancias a costa de los modelos locales, la sustentabilidad ambiental, el agotamiento de recursos valiosos como el agua y el derecho de las comunidades. Lo anterior, en muchos casos con la abierta complicidad de algunas autoridades y, en otros casos, en contra del marco legal y de resoluciones judiciales que, como en la Minera San Javier en San Luis Potosí, favorecen un clima de violencia y persecución contra las comunidades que defienden sus derechos.
Para los habitantes de San José del Progreso no hay ley, justicia o poder que pueda contra la empresa minera Cuzcatlán, ya que los agravios cometidos a su población son amparados por las autoridades municipales y estatales del estado de Oaxaca. En este sentido, las organizaciones lamentaron la indolencia de la representación diplomática de Canadá que se negó a dialogar y recibir adecuadamente las peticiones que pretendía hacer llegar una comisión. Expresaron que esto representa una muestra del desinterés del actual gobierno de Canadá por esta situación, lo que sin duda alienta a las empresas a seguir prácticas violatorias de los derechos humanos.
En este contexto exigen:
- Cierre definitivo de la mina Cuzcatlán pues es el origen del conflicto de nuestro pueblo.
- COPUVO responsabiliza a la empresa minera Cuzcatlán, filial de la empresa canadiense Fortuna Silver de las violaciones a los derechos humanos, confrontaciones, heridos y muertos suscitados en la comunidad desde 2008.
- Desaparición de poderes en San José del Progreso.
- Audiencia con el gobernador del estado de Oaxaca.
- Se garantice justicia para el pueblo de San José del Progreso y el castigo a los responsables del crimen cometido contra Bernardo Méndez Vásquez.
- Reparación del daño a los familiares de Bernardo Méndez Vásquez.
- Solución de fondo a la problemática de San José del Progreso.
Entre otras organizaciones, estos puntos son respaldados por el Centro Prodh, el Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño, las autoridades municipales y comunales de Capulalpam de Méndez, la comunidad de los Ocotes, Servicios del pueblo Mixe, Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca y el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto.
Por: Miguel Maestro y Simón Hernández.