El día de ayer, familiares de David Jiménez Fragoso, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y la Fundación Diego Lucero, presentaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una petición de admisibilidad del caso de David Jiménez Fragoso, quien fue víctima de desaparición forzada en el periodo de la denominada Guerra Sucia. A partir de su detención, el 7 de mayo de 1975, el Estado ha incurrido en graves violaciones a la Convención Interamericana de Derechos Humanos y a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
El caso de David describe la nula voluntad por parte del Estado de garantizar el acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación del daño, pues luego del cierre de la Fiscalía Especial para la atención de hechos probablemente constitutivos de delitos federales cometidos directa o indirectamente por servidores públicos en contra de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado (Femossp), su expediente pasó a la Coordinación General de Investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), sin que hasta la fecha la autoridad ministerial haya iniciado las diligencias conducentes a determinar el paradero de la víctima.
La nula voluntad para efectuar investigaciones y esclarecer los hechos se constata con la reciente información recabada por el Centro Prodh vía IFAI a la PGR. Según el documento entregado al Centro Prodh, se presentaron 570 denuncias y se iniciaron averiguaciones previas por los delitos de abuso de autoridad, tortura, privación ilegal de la libertad, homicidio, violación, allanamiento de morada, desaparición forzada, violación grave a las garantías individuales, genocidio y lesiones. Sin embargo, de éstas ninguna ha derivado en la consignación o apertura de procedimientos penales en contra de algún funcionario.
Por otra parte, resulta relevante analizar las partidas presupuestales otorgadas por el gobierno federal a la causa de la justicia transicional. Mientras que la Femospp arrancó con un presupuesto de $5’867,159.18 –alcanzando su nivel más alto en el 2005 al otorgárselas un ejercicio fiscal de $14’788,700.01–, para los primeros meses de 2006, último año de gestión de la Femospp, se le habían derogado únicamente $1’096,182.78. Actualmente, tras el cierre de la Femospp, el desdén del gobierno federal se ejemplifica al otorgar para el año 2011 un presupuesto de $442,208.00 para la CGI.
Es necesario recordar que la Coordinación General de Investigación (CGI) principalmente se encarga de perseguir delitos patrimoniales cometidos en el ámbito de la federación. El hecho de que en noviembre de 2006, al cierre de la Femospp, las averiguaciones previas fueran trasladadas a esta dependencia carente de capacitación especializada en justicia transicional, ha derivado en la continuación de impunidad para los delitos cometidos por el Estado. En este sentido, según la información obtenida por el Centro Prodh, a los funcionarios públicos de la CGI se les han otorgado 14 cursos de capacitación en 2011, sin que siquiera trate de temas de justicia transicional, delitos del pasado, justicia democrática o afines.
Ante estos hechos, desde el Centro Prodh denunciamos la intención que el gobierno federal tiene de dar por terminado este tema. Más grave resulta aún que a los crímenes de Estado cometidos en el pasado se agregan nuevos casos de desapariciones forzadas ocurridas en los últimos años. Por lo tanto, nuestra exigencia es alcanzar la verdad, la justicia y la reparación del daño tanto en el caso de David Jiménez Fragoso como en el de las y los demás víctimas de desaparición forzada del pasado y del presente.
Para más información de este y otros casos, entra a la página de la Campaña Siguen Desapareciendo, entérate y comparte la información.