Según informó la tarde de ayer el Frente Amplio contra la Supervía, el pasado viernes 2 de diciembre la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (TCADF) declaró en el juicio No. I- 43103/2010, la nulidad de la Resolución administrativa No. SMA/DGRA/DEIA/004374/2010, que autorizaba ambientalmente el proyecto conocido como “Supervía Poniente”.
El principal argumento del Tribunal para esta determinación fue que la autoridad ambiental, al no realizar la consulta pública a que obliga el artículo 50 de la Ley Ambiental del DF: “violó los derechos de los actores relativos a la seguridad jurídica, información y participación, actuando en contravención a la norma, es decir, que no se apegó a la legalidad, ya que tenía la obligación no sólo de informar a la población respecto del proyecto que se encontraba integrando, sino además de consultarlos para que éstos tuvieran la debida participación respecto a la viabilidad de la misma”.
Como recordarán nuestros lectores, durante este proceso el GDF ha desestimado diversas recomendaciones tanto de la CDHDF como de otros organismos civiles. El día de hoy el Frente Amplio ofrecerá una conferencia en la que aportará más información al respecto. Mientras tanto han ocurrido ya algunas reacciones: organizaciones que han acompañado este proceso han hecho público un boletín de prensa. En él, María Colín de Greenpeace, señaló: “esperamos que a futuro los juzgadores adopten este criterio, a fin de que organizaciones de la sociedad civil abocadas a la defensa y protección del medio ambiente y los derechos humanos en general, podamos acudir a juicio sin que nos desechen nuestros recursos legales por este tipo de alegatos, debiendo entrar al fondo del asunto, pues a fin de cuentas se plantean juicios en beneficio de la sociedad”.
Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de la Parroquia Cerro del Judío afirmó en su propio comunicado que «con este acto queda demostrado una vez más que hoy hay razón jurídica como lo han venido señalando diversos actores de la sociedad civil entre los que desatacan académicos, defensores de Derechos Humanos, Organizaciones no gubernamentales y en general la ciudadanía interesada por conservar un medio ambiente sano y por participar en el diseño de una ciudad habitable para todos y todas».