El día de mañana, organizaciones de la sociedad civil comenzarán una misión especial de observación de las condiciones en las que se encuentran las personas migrantes que, en situación irregular, ingresan por México para caminar rumbo a Estados Unidos. Asimismo, conocerán las condiciones en las que deben trabajar quienes defienden los derechos humanos de esta población.
Sididh/SLAA.- Centroamérica es una región que ha estado inmersa en procesos históricos caracterizados por guerras civiles, administraciones políticas afines a intereses económicos que han causado impactos negativos en el desarrollo, regímenes autoritarios y militares que han cobrado la vida de millares de personas y democracias frágiles con instituciones estatales debilitadas.
Como lo indica el Informe Crimen y Violencia en Centroamérica publicado por el Banco Mundial en septiembre de 2011, entre los factores que componen la violencia se encuentran el tráfico de drogas, la violencia juvenil y las maras, así como la masiva disponibilidad de armas, y, como factor agravante, las debilidades de las instituciones de la justicia penal. De hecho, este informe subraya que el crimen y la violencia deben ser entendidas en la región como un tema vinculado al desarrollo. En específico, diferentes informes y reportes regionales de la violencia ubican a El Salvador y a Honduras como dos de los países del Triángulo del Norte con tasas muy elevadas de homicidios, feminicidios, narcotráfico y violencia ligada a disputas entre pandillas juveniles.
Un fenómeno interrelacionado a los índices de desarrollo humano, los indicadores económicos y las tasas de violencia y criminalidad en El Salvador y Honduras, es la permanente migración de personas que en situación irregular transitan por territorio mexicano con destino a Estados Unidos. De esta forma, es fácil entender que el hecho de salir de la comunidad de origen no tiene sólo causas económicas, sino que en la decisión también confluyen aquellas relacionadas con la violencia estructural.
Sin embargo, el tránsito por México no alivia la condición de violencia que permea en la vida de quienes transmigran. En nuestro país, confluyen actores tanto privados como estatales que, con la ejecución de acciones legales e ilegales, contribuyen a la perpetuación de las sistemáticas violaciones a derechos humanos. El abuso económico, la explotación laboral y la discriminación, cometidas por quienes habitan en las comunidades de tránsito son formas de violencia que coexisten con los operativos de verificación migratoria que realiza el Instituto Nacional de Migración (INM) en las rutas férreas. El miedo a las y los desconocidos, a sus costumbres, a aquello de lo cual vienen huyendo, persiste a la par que lo hacen los secuestros, las extorsiones, torturas y desapariciones forzadas cometidas por los integrantes del crimen organizado.
Del mismo modo, la exclusión y la falta de acciones de protección para víctimas de la violencia son una constante en los procesos de asentamiento local de las personas migrantes. Mientras que el Estado mexicano pretende concretar la atención integral en la expedición de documentos de regularización migratoria, las casas del migrante y centros de derechos humanos tienen que luchar por brindar alimentación, hospedaje, contención emocional, apoyo para conseguir empleo y acompañamiento a mediano y largo plazo a varias de las personas migrantes que atienden.
Ante el incremento de la situación de violencia en las rutas migratorias y, en general, en todo México, es imprescindible que el Estado construya otro significado de atención integral a las víctimas del delito que implique, sobre todo, una procuración eficaz de garantías para una vida digna. Es necesario que las instancias gubernamentales den propuestas de trabajo y que éstas sean acompañadas por la sociedad civil, de tal forma que dejen de ser los albergues los únicos responsables de asegurar una vida digna para las personas migrantes.