En un contexto de creciente interés gubernamental, se han incrementado los hostigamientos contra defensores de derechos humanos y activistas sociales.
En un contexto de creciente interés gubernamental por generar confusión entre la opinión pública en relación al sentido e importancia de los derechos humanos, al afirmar nuevamente a propósito de una reunión de Felipe Calderón con Human Rigths Watch que “la principal amenaza para los derechos humanos de los mexicanos, son los criminales”, se han incrementado los hostigamientos contra defensores de derechos humanos y activistas sociales. Mientras el 3 de noviembre de este año Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C. sufrió un asalto en sus oficinas de Oaxaca, apenas este 9 de noviembre el Comité Cerezo y ACUDDEH, Organizaciones hermanas dedicadas a la defensa de derechos humanos, recibieron amenazas vía correo electrónico. Estas situaciones denotan la persistencia del desinterés oficial en la protección del derecho a defender derechos humanos.
Ya la semana anterior en este mismo espacio resaltábamos la vulnerabilidad de activistas que están viviendo situaciones cada vez más amenazantes que son generadas tanto desde espacios oficiales como desde la violencia criminal, a propósito del asesinato de Carlos Sinhue Cuevas , estudiante y activista de la UNAM, la represión en contra de los indignados de Ciudad Juárez y la confrontación entre Anonymus y los Zetas. En este momento destacábamos el incremento en la vulnerabilidad de estos activismos emergentes, por lo que las nuevas agresiones nos permiten valorar que el fenómeno se está extendiendo para alcanzar a otras organizaciones con más experiencia e infarestructura.
Es la misma Amnistía Internacional (AI), quien emite una acción urgente por el caso de las compañeras de Consorcio, quienes descubrieron al llegar a su oficina la mañana del 3 de noviembre que habían sufrido un asalto. El saldo del mismo fue el robo de equipo, incluidos dos ordenadores, cuatro memorias USB y dos grabadoras. Todos los artículos robados contenían archivos valiosos del trabajo de la organización, y entrevistas con víctimas, lo que sugiere que los asaltantes buscaban información sobre el trabajo de derechos humanos de la organización, según señala AI en su acción urgente. De la misma manera AI recuerda que en los últimos meses, las personas que trabajan para Consorcio Oaxaca han ubicado un acoso que consiste en seguimiento de sus colaboradores e incluso en una llamada (ocurrida el 22 de septiembre de 2011), cuando personal de la organización recibió una llamada telefónica anónima de un hombre que preguntó: «¿Aquí vive Rosita Alvírez?». Se cree que la pregunta era una alusión a una conocida canción mexicana en la que a una mujer la matan de tres balazos por negarse a bailar con un hombre.
Por otra parte el el Comité Cerezo y ACUDDEH, han emitido una acción urgente en la que refieren una nueva amenaza en contra de los hermanos Cerezo Contreras, quienes a raíz de la incriminación de que fueron objeto por parte del Estado mexicano tras la explosión en agosto del año 2001 de tres petardos de fabricación casera en tres Banamex ubicados en el Distrito Federal, actos que fueron reivindicados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP) mediante un comunicado a los medios de comunicación.
Las nuevas amenazas contienen párrafos dedicados a los distintos hermanos, con la clara intención de provocar temor al hacer referencias a situaciones relacionadas con su vida personal y evidenciar de esta manera el seguimiento constante al que son sometidos. El Comité Cerezo recuerda que han recibido 13 amenazas de muerte en los diez años de trabajo que tienen como organización de derechos humanos. También destacan el hecho de que tres de los amenazados son beneficiario de las medidas cautelares MC-246-06 emitidas el 30 de octubre de 2006 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Mientras se incrementa el hostigamiento y las agresiones a los activistas sociales y a las y los defensores de derechos humanos, el gobierno federal persiste en teorías distractoras, como la expresada en el comunicado oficial tras la reunión que sostuvo ayer con Human Rigths Watch, donde afirma “que la principal amenaza para los derechos humanos de los mexicanos, son los criminales. Son ellos quienes mediante la comisión de delitos agraviantes, como el homicidio, el secuestro y la extorsión, violan de manera sistemática las garantías fundamentales de los ciudadanos y sus familias”. Parece una clara maniobra distractora en el contexto de una fuerte crítica a sus políticas de seguridad, donde la organización internacional afirma que en el marco de la lucha contra la delincuencia organizada en México, militares y policías han cometido violaciones de derechos humanos generalizadas y casi ningún caso está siendo investigado adecuadamente.
La dosis de humor negro la puso el mismo Felipe Calderón, quien esta misma semana presentó una campaña llamada buen fin. No… no se trata de un mensaje a sus detractores (al menos no abiertamente) es una iniciativa para incentivar el comercio en noviembre.