Resumen

La familia Trujillo Herrera está compuesta por María Herrera Magdaleno, originaria de Pajacuarán, estado de Michoacán, casada con Guillermo Trujillo Adame, quien falleció en 2011 y con quien tuvo 8 hijos: María, Rafael, Juan Carlos, Miguel Ángel, Gustavo, Jesús Salvador, Luis Armando y Raúl. Cuatro de ellos permanecen desaparecidos: Raúl y Jesús Salvador Trujillo Herrera, en agosto de 2008 en el estado de Guerrero; mientras que Gustavo y Luis Armando Trujillo Herrera, fueron desaparecidos en Veracruz en septiembre de 2010. A la fecha se desconoce su paradero. Desde entonces, la familia se ha dedicado a su búsqueda, así como al acompañamiento de otras familias de personas desaparecidas. Desde 2017, en el Centro Prodh nos hemos sumado a su acompañamiento y representación legal.

Este es un caso representativo de los obstáculos y violaciones a derechos humanos, asociados a las desapariciones en México, que está enmarcado en la crisis de seguridad que se profundizó tras la llamada “Guerra contra el narcotráfico”. Es un caso que refleja la falta de investigación y búsqueda diligente de las autoridades, por lo que ha sido la familia la que ha tenido que asumir la búsqueda de sus seres queridos y ha tomado un papel relevante en el movimiento de personas desaparecidas y acompañamiento a colectivos.

El caso de la familia Trujillo Herrera

Desaparición de Raúl Trujillo Herrera y Jesús Salvador Trujillo Herrera ocurrida en Guerrero, el 28 de agosto 2008

Jesús Salvador, Raúl y cinco compañeros de trabajo, [1]  salieron de Pajacuarán Michoacán, a un viaje de negocio de compra y venta de metales. El 28 de agosto de 2008, los siete jóvenes (quiénes al momento de los hechos tenían entre 17 y 27 años) llegaron al municipio de Atoyac, estado de Guerrero, y acudieron a un bar. En ese lugar, en múltiples ocasiones les hicieron referencia en la localidad existía fuerte presencia del crimen organizado que operaban con conocimiento de las autoridades locales, incluso les refirieron que esa noche habría desapariciones por una pugna entre grupos delincuenciales. Esa fue la última noche que se supo del paradero de Jesús Salvador y Raúl.

Las investigaciones realizadas por la familia, en particular la revisión de la telefonía y diversas declaraciones, dieron cuenta que la responsabilidad de la desaparición fue por parte del grupo delincuencial que controlaba territorialmente la zona con aquiescencia de las autoridades estatales (en particular la Policía Ministerial), el cual mantenía un clima de miedo e inseguridad, bajo un contexto de impunidad.

Derivado de los hechos, se han iniciado al menos seis indagatorias distintas, tanto a nivel estatal como federal. En la actualidad, hay una averiguación previa por los hechos en la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de la FGR.

Desaparición de Luis Armando Trujillo Herrera y Gustavo Trujillo Herrera en Veracruz, el 22 de septiembre de septiembre 2010

El 21 de septiembre de 2010, dos años después de ocurrida la desaparición de Raúl y Jesús Salvador, y ante la necesidad de obtener recursos para continuar con su búsqueda, Luis Armando y Gustavo Trujillo Herrera, junto con dos personas [2] salieron de Pajacuarán, Michoacán, dónde vivían, rumbo a Vega de Alatorre, Veracruz, para continuar con su negocio de compra y venta de pedacería de oro y otros metales. La última información que se tuvo de su paradero, fue cuando avisaron que llegarían tarde por un incidente en la carretera (a la altura de Apapantilla, Puebla); sin embargo, nunca llegaron a su destino.

Las investigaciones realizadas por la familia, que posteriormente se corroboran con información en el expediente, refieren que en la zona existía un punto de revisión de la Policía Intermunicipal Poza Rica-Tihuatlán-Coatzintla (PIPTC), institución que tenía vínculos con el grupo de la delincuencia de los Zetas que operaba en la zona. La PIPTC detenía vehículos con placas de entidades como Michoacán, por ser de un estado contrario al grupo criminal “Los Zetas”, a quiénes les entregaban personas detenidas.

La familia Trujillo denunció de forma inmediata, se abocó a la búsqueda de Luis Armando y Gustavo. A raíz de los hechos, se abrió investigación en diez Fiscalías o Unidades distintas tanto del fuero estatal como federal. Actualmente hay una averiguación previa por los hechos en la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada.

INFORMACIÓN BÁSICA

  • TEMAS: Desaparición forzada

  • AÑO DE HECHOS: 2008

  • VIOLACIONES IDENTIFICADAS: Desaparición forzada / tolerancia y perpetuación de la impunidad de los responsables que transgrede los derechos a la verdad / al acceso a la justicia / una reparación integral para las víctimas.

  • ESTATUS: Después de 6 Brigadas Nacionales de Búsqueda, María Herrera y su familia siguen buscando a sus desaparecidos.

COMUNICADOS RECIENTES

Los integrantes de la familia Trujillo Herrera como defensores de DDHH

Debido a la inacción de las autoridades, la familia tuvo que aprender a dar seguimiento a sus investigaciones penales, a los temas periciales relacionados con la búsqueda en campo, a la situación de inseguridad en el país y a la posible colusión de ciertas autoridades con diferentes grupos del crimen organizado. A partir de su experiencia, decidieron acompañar a otras familias y colectivos en la búsqueda, participar en movimientos, crear colectivos e impulsar acciones de búsqueda a nivel nacional.

La familia Trujillo Herrera participó de forma activa en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) en 2011, que convocó a cientos de familiares víctimas de la violencia y violaciones a derechos humanos. El 23 de junio de 2011, el MPJD sostuvo un Diálogo público con el entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa en el Castillo de Chapultepec, en el que Doña Mari dio su testimonio e hizo referencia a las dificultades que enfrentan las víctimas en la búsqueda de sus familiares desaparecidos. A partir de esto, se convirtió en un referente para miles de familias que atraviesan la tragedia de la desaparición. Fue así como en 2013 se formó el grupo “Familiares en Búsqueda María Herrera”.

Ante la necesidad de seguir fortaleciendo y articulando el trabajo colectivo, en 2014 se realizó un llamado a todos los colectivos de familiares en búsqueda de México para unirse en la Red de Enlaces Nacionales (REN), impulsada por la familia Trujillo Herrera. La Red está formada actualmente por más de 65 colectivos de todo el país, con el objetivo de coordinarse, crear estrategias conjuntas y salir a buscar a sus familiares.

Principales violaciones en la investigación de las desapariciones

En ambas investigaciones se observa la falta de debida diligencia por parte de las autoridades. Algunas de ellas son:

  • No se realizaron acciones relevantes en los primeros momentos de la denuncia, como rastreo de actividad de telefonía, despliegue en campo, solicitud de videos, entre otras.
  • Hubo periodos en donde no hubo diligencias.
  • Se realizó una indebida tipificación de los hechos.
  • Se abrieron actas circunstanciadas en lugar de iniciar expedientes de averiguación previa de forma inmediata.
  • Faltó coordinación entre autoridades locales y federales.
  • La SEIDO acumuló los expedientes de investigación.
  • No existieron planes de investigación.
  • Ausencia de análisis de contexto sobre patrones criminales y vínculos entre autoridades y el crimen organizado en las zonas de desaparición.
  • Hubo deficiencias y omisiones en la integración de datos de prueba al expediente.
  • Ha faltado el uso de tecnología adecuada y actualizada.
  • Falta de exhaustividad en los lugares de búsqueda.
  • Mal manejo en las entrevistas y falta de incentivos para que los testigos colaboren.
  • En ambas desapariciones, las acciones fueron principalmente dirigidas a los particulares, sin considerar un claro esquema de colusión, responsabilidades y omisiones de autoridades.
  • Ha habido revictimización e intentos de criminalización de la familia.
  • Tiempos excesivos en realizar cotejos del perfil genético.
  • Previo a que el Centro Prodh asumiera su representación, la asesoría jurídica no fue garantizada adecuadamente.

Tras los riesgos y debido a la crisis de violencia, en 2013 la familia tuvo que salir de su lugar de origen en Michoacán. Así, no sólo han tenido que afrontar las afectaciones emocionales y físicas derivadas de la desaparición de cuatro integrantes de su familia, sino también las generadas tras su frustración ante la falta de respuesta institucional.

Búsqueda de justicia Internacional

Con el acompañamiento del Centro Prodh, María Herrera y Juan Carlos Trujillo, el 13 de marzo de 2018 promovieron una demanda de amparo en contra de distintas autoridades del Estado mexicano por negarse reiteradamente a reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada (CED por sus siglas en inglés) para recibir peticiones individuales. El 26 de enero de 2019, un juzgado otorgó el amparo a Juan Carlos y María en el expediente 384/2018. Gracias a la insistencia de las familias, organizaciones y organismos internacionales de derechos humanos, el Ejecutivo envió al Senado la Declaración para reconocer la competencia del Comité, misma que fue aprobada por el Senado el 01 de septiembre y depositada ante Naciones Unidas el 6 de octubre de 2020.

Por otro lado, ante la falta de debida diligencia y el tiempo transcurrido desde los hechos sin que existan resultados en las investigaciones, la familia Trujillo Herrera ha decidido acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señalando los siguientes derechos violados a la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos (CADH) por parte del Estado mexicano:

  • Violación al derecho a la vida, integridad personal, libertad y personalidad jurídica de Jesús Salvador, Raúl, Luis Armando y Gustavo.
  • El derecho de acceso a la verdad y la justicia, derivado del tiempo transcurrido, las omisiones y negligencias asociadas a la investigación.
  • El derecho de los hermanos Trujillo Herrera a ser buscados por todos los medios posibles como una obligación del Estado.
  • El derecho a la integridad de la familia Trujillo Herrera.
  • El derecho a defender derechos humanos en condiciones de seguridad, debido a los riesgos a los que la familia ha estado expuesta durante la búsqueda de sus familiares y el acompañamiento a otras familias y colectivos.
  • Violación a la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno para la investigación y búsqueda de las personas desaparecidas.

Ante un contexto de 100 mil personas desaparecidas y 52 mil cuerpos sin identificar, la búsqueda de los hermanos Trujillo y la exigencia de justicia y verdad que ha realizado la familia a distintas autoridades, constituye una oportunidad para visibilizar el andar de miles de familias en el país, su resiliencia y la necesidad de implementar medidas adecuadas para revertir la crisis de desaparición e impunidad en el país.

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COMUNICADOS DE PRENSA