Alicia de los Ríos

Alicia de los Ríos Merino, originaria de San José Bachíniva, Chihuahua, madre de una bebé con su mismo nombre y militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, fue desaparecida de manera forzada por cuerpos policiales y militares. Esto sucedió en el contexto de la mal llamada Guerra Sucia, un periodo entre los años setenta y ochenta caracterizado por el empleo constante de la tortura, la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial contra grupos insurgentes, opositores políticos, integrantes de movimientos sociales e incluso personas ajenas a actividades políticas.

Alicia fue detenida el 5 de enero de 1978 en la colonia Nueva Vallejo, en la Ciudad de México, por agentes de la División de Investigación para la Prevención de la Delincuencia, al mando del coronel Francisco Sahagún Baca, y fue vista por última vez ese mismo año en una base militar en Guerrero. Desde entonces, las autoridades han ocultado su paradero.

El 24 de junio del 2002, la familia De los Ríos Merino y el Centro Prodh interpusieron una denuncia ante la recién creada Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp). Sin embargo, después de la disolución de este organismo, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) tomó el caso, sin que a la fecha existan avances en la investigación y esclarecimiento de los hechos.

En abril de 2011, frente a la falta de avances en materia de justicia, la familia de Alicia, la Fundación Diego Lucero, el Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua y Ciudad Juárez y el Centro Prodh presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para determinar la responsabilidad del Estado mexicano en la desaparición forzada de Alicia. El 22 de octubre de 2020, frente a la falta de respuesta del Estado, la CIDH dio trámite al caso y resolvió que decidirá conjuntamente tanto la admisibilidad como el fondo del asunto.

A pesar del actual conocimiento público y documental sobre las graves violaciones a derechos humanos cometidas por el Estado durante la llamada Guerra Sucia mediante elementos del Ejército, de la Dirección Federal de Seguridad, de la División de Investigación para la Prevención de la Delincuencia y otras corporaciones, desde la detención de Alicia han pasado 43 años sin que existan resultados concretos y sin que se haya esclarecido su paradero. Alcanzar verdad y justicia en su caso es una exigencia de familiares, personas y organizaciones de familiares y de la sociedad civil.

El Estado mexicano debe impulsar la justicia, la verdad, la memoria y las reparaciones por las graves violaciones a derechos humanos cometidas en la llamada Guerra Sucia. Es indispensable, además, la apertura de los archivos de la Secretaría de Defensa Nacional, y el reconocimiento público de la responsabilidad del Estado.