En estos días que se ha rememorado la tragedia del 11 de septiembre, se ha insistido en la desgracia y también en la inseguridad que se experimenta ante la fragilidad del que sigue siendo el país más poderoso del mundo; sin embargo, en este aniversario es necesario incluir algunas de las consecuencias nefastas para nuestro país.
El derrumbamiento de las Torres Gemelas ha sido tratado como un acto de “terrorismo”; desde entonces, el primer mal en el mundo es aquél que tiene que ver con los actos interpretados como tales. De esta lógica se ha desprendido una serie de normas internacionales para evitar que vuelva a suceder; por ejemplo, la Ley Patriótica, que promulgada el 26 de octubre, restringe las libertades civiles y permite la detención indefinida de migrantes, cateos sin ninguna autorización judicial y la interferencia en la vida cotidiana de los ciudadanos, hurgando en sus comunicaciones. De ahí en adelante se dio en la práctica una criminalización de la ciudadanía, donde la tortura fue autorizada por Bush en 2006, por lo que Guantánamo ha sido la expresión de los nuevos campos de concentración, donde se permitieron las “técnicas severas”: la privación del sueño, el ahogamiento simulado, sometimiento a ruido o posturas incómodas continuas. A pesar de que a Obama se le concedió el premio Nobel de la Paz en 2009, la cárcel sigue abierta hasta hoy.
Estas precisiones valen la pena ahora que el gobierno de México ha declarado “la guerra” contra el narcotráfico, que el número de muertos asciende a más de 40 mil en lo que va del sexenio y en donde cualquier desacuerdo con el Ejecutivo es leído como un apoyo incondicional a la delincuencia organizada. Recientemente en Veracruz detuvieron a dos personas por los cargos de sabotaje y terrorismo. La juez tercera de primera instancia dictó auto de formal prisión a Gilberto Martínez Vera y a María de Jesús Bravo Pagola luego de que se les señalara como presuntos responsables de la psicosis ocurrida hace unas semanas en el puerto y el municipio vecino de Boca del Río, por supuestos ataques a planteles escolares. Además, se investiga a otros 15 usuarios.
No sólo en Veracruz han ocurrido estas acciones intimidatorias contra quienes se comunican por medio de las redes sociales. El gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, ha enviado a finales del mes pasado una iniciativa al Congreso para tipificar la alarma social, en la que se señala que todo aquel que por diversos medios, incluidos electrónicos, pueda generar alarma en la sociedad pasará varios años de su vida en la cárcel. Ya muchas personas, tuiteros y usuarios del facebook sobre todo, han empezado a manifestar su preocupación porque no saben si accidentalmente unos de sus mensajes pudieran ser leídos en este sentido.
Con estos hechos se quiere condenar el uso de las redes sociales y enfatizar que la raíz de la violencia actual se halla ahí, evadiendo la responsabilidad del Estado de brindar seguridad y paz con justicia. En estos días, el derecho a la información y a la libertad de expresión parecerían ser lo que está en juego; sin embargo, lo realmente importante es que cualquier acto que no le parezca a las autoridades, puede ser criminalizado como “terrorismo”.
Es fácil aceptar como cierto y valioso el seguimiento a los “actos terroristas” por el influjo ideológico que se ha derivado del 11-Septiembre. El gobierno de Felipe Calderón y como vimos, de algunos gobernadores, quieren hacernos creer que tenemos que elegir entre la seguridad y nuestros derechos constitucionales. Sin embargo, no podemos aceptar que se restrinjan los derechos fundamentales con el pretexto de la seguridad.