Importancia del Sistema Interamericano para el acceso a la justicia de las mujeres mexicanas
En la época contemporánea, la perspectiva de género llega a ser equiparada a la lucha de las mujeres por acceder a la igualdad de derechos y oportunidades. Si bien es claro que la democratización de nuestra vida pública ha sido posible gracias a la lucha de las mujeres, también es verdad que esa misma etiqueta ha derivado en una instrumentalización de las políticas de género para poner freno, precisamente, a los esfuerzos democratizadores de la sociedad.
Pareciera que estas afirmaciones son meros exabruptos de activista con indignación furibunda, pero en verdad esa parece la única explicación posible para que los únicos lugares donde las más agraviadas de nuestras compañeras obtienen apenas resquicios de justicia, es en las más altas instancias interamericanas, mientras el Estado se llena la boca con promesas y permite que la justicia fluya a cuentagotas. Especialmente si es para las mujeres…
El 12 de agosto del año pasado, Inés y Valentina recibieron un comunicado oficial del Ejército en donde se les comunicaba que “la Fiscalía Militar tuvo a bien acordar la INCOMPETENCIA para seguir conociendo y determinar la[s] indagatoria[s]” relacionadas con el proceso en el cual se pretendía exculpar a los militares responsables a través de la desestimación de las acusaciones en su propio fuero. La instancia militar se vio obligada por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) a remitir a la Subprocuraduría Regional de Control de Procesos y Amparo de la Procuraduría General de la República las investigaciones al respecto “a fin de que se determine lo que en derecho proceda”.
Estas dos valientes mujeres guerrerenses, que se han impuesto al hecho de ser víctimas y que luchan junto con su gente para que se reconozca la responsabilidad del Estado mexicano y se juzgue a los militares que las agredieron sexualmente, nos han demostrado que, independientemente de los supuestos avances en políticas a favor de las mujeres, persiste la discriminación en la impartición de justicia. En este sentido, el 30 de agosto, en el lanzamiento de la Campaña “Cumplir las Sentencias para Romper el Muro de la Impunidad” convocada por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, organización que ha acompañado a Inés y Valentina en su demanda de justicia, expresaba que “a un año de emitidas las sentencias de la CoIDH en los casos de Inés y Valentina, los avances para su cumplimiento son insignificantes”.
El pasado miércoles 7 de septiembre un grupo de organismos civiles presentamos un informe sexenal sobre el sexenio que termina en el Estado de México. En él se explica que a pesar de diversas leyes elaboradas y publicadas por los poderes legislativo y ejecutivo de aquel Estado, así como de los distintos programas públicos implementados especialmente desde el 2008, no sólo no ha habido disminución en la violencia cometida contra las mujeres, sino que ésta ha aumentado significativamente. Esta afirmación se sustenta en un aumento de 106% en la tasa de homicidios y en la existencia de un elevado índice de impunidad al respecto. El informe recuerda que en un intento por documentar la violencia contra las mujeres, diversas organizaciones conformaron el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio que detectó que en el 89% de los casos de homicidios violentos contra mujeres en el Estado de México persiste la impunidad. De la misma forma, señala que la violencia en esa entidad va “más allá de lo privado; no sólo afecta a las mujeres de la localidad, sino también a toda mujer que transite por su territorio. Alerta especialmente sobre la vulnerabilidad que en este contexto tienen las mujeres migrantes en tránsito por la entidad, quienes “pueden experimentar situaciones de violencia extrema”.
El siguiente apartado sobre mujeres en dicho informe es el relacionado con otras valientes compañeras: las mujeres denunciantes de tortura sexual en los hechos de San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006. Ese tipo de violencia fue la que experimentaron al menos 47 mujeres quienes, según señala este informe fueron, “víctimas de tortura y malos tratos, dirigidos específicamente a ellas en razón del género y, por esto, con una evidente carga de discriminación”. Una de las pruebas más chocantes en este sentido es el hecho crudo y simple de que mientras las mujeres detenidas sufrieron detención arbitraria y procesos amañados de criminalización, el policía que estuvo más cerca de ser perseguido por los abusos fue Doroteo Blas Marcelo, quién al final fue castigado con el pago de seis mil pesos como multa. Este caso, que ya se encuentra presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, parece llevar un camino similar al de Inés y Valentina, pues las autoridades federales y estatales también han favorecido la impunidad. Recordemos que otro de los casos ante el Sistema interamericano, que además fue procesado de una manera muy veloz por la gravedad de los hechos, fue el de Campo Algodonero.
Sin duda que ésta y otras dimensiones de los distintos casos presentados ante el Sistema Interamericano serán presentados con profundidad en el Foro “Retos y posibilidades en el cumplimiento de las sentencias emitidas por la CoIDH en los casos contra México”, a celebrarse los días 22 y 23 de septiembre de 2011 en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (Av. Universidad 1449 Col. Florida Pueblo Axotla, Del. Álvaro Obregón, C.P. 01030 México. DF. Metro Línea 3 (Verde) Viveros/Derechos Humanos). Si tienen interés de acudir a este evento sigan el Sididh y los distintos contactos en redes sociales del Centro Prodh, pues el cupo será limitado.
Las organizaciones que convocan a este Foro son el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL),La Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), la American University Washington College of Law, el Centro para la Justicia y Derechos Humanos Robert F. Kennedy y Asociadas por lo Justo (JASS). Para mayor información comunicarse al Área de Comunicación del Centro Prodh. Tel. (55) 5546 8217 ext. 110, comunicacion@centroprodh.org.mx