La Oficina de Washington para América Latina (WOLA), el Grupo de Trabajo para América Latina / Fondo de Educación, Debido Proceso Legal (DPLF) y Jass se congratularon por la decisión de la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) de remitir las averiguaciones previas del caso de Inés Fernández y Valentina Rosendo al fuero civil. Señalaron que ahora que está en manos de la Procuradora Marisela Morales impulsar las acciones necesarias para el acceso a la justicia, esperan que sabrá dimensionar la relevancia del proceso y que cumplirá con los requisitos establecidos en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Por su parte, Amnistía Internacional consideró que el traslado del caso del fuero militar al civil es un avance significativo en materia de protección de los derechos humanos en México. Sin embargo, advirtió que siguen bajo jurisdicción militar varios casos recientes de violaciones a derechos humanos por parte del Ejército, entre las que se encuentran delitos tales como la detención arbitraria, la tortura y la desaparición forzada.