En el boletín emitido por varias organizaciones, entre ellas Cejil, Tlachinollan y la OPIM, quienes han litigado el caso, se recordó que, el 18 de julio pasado, Valentina e Inés habían hecho una solicitud expresa ante la PGJM y la PGR para que su caso fuera atraído por el fuero civil, luego de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de que el fuero militar no debe investigar a militares acusados de violar los derechos humanos de cualquier persona.
Por otra parte, las organizaciones recalcaron que el hecho de que por fin la PGR atraiga el caso es consecuencia de nueve años de lucha, pero también de impunidad militar, en donde no ha habido justicia ni reparación del daño para las dos mujeres indígenas. Aunque con esta resolución no se agota la responsabilidad del Estado ante la sentencia dictada por la CoIDH, sí se posibilita que la investigación sea conducida por el órgano que corresponde. Por lo tanto, la PGR tiene la responsabilidad de ejercitar acción penal ante los tribunales federales contra los militares responsables que ya han sido identificados por Inés y Valentina. En este sentido, la respuesta satisfactoria de la PGR redundará en el fortalecimiento de los controles civiles de las Fuerzas Armadas.