- Desacata fallo de Corte Interamericana de Derechos Humanos para que haya justicia por vía civil.
Cimac/Brisa Gómez
La Secretaría de Gobernación (Segob) evade el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sobre los casos de las indígenas Inés y Valentina, violadas sexualmente por soldados del Ejército mexicano, toda vez que insistió en que las investigaciones deben conducirse en el fuero militar y no en el civil.
En entrevista exclusiva con Cimacnoticias, Omeheira López Reyna, titular de la Unidad de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de la Segob, informó que esta dependencia pidió a la CoIDH una interpretación de ambas sentencias, ya que la Corte ordenó al Estado mexicano trasladar las investigaciones de ambos casos —que se encuentran en la jurisdicción militar— al ámbito civil.
Las sentencias publicadas en octubre de 2010 se refieren a la responsabilidad del Estado mexicano en la violación y tortura sexual cometidas por militares en perjuicio de las indígenas tlapanecas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú.
La CoIDH condenó al Estado mexicano a “conducir en el fuero ordinario, eficazmente y dentro de un plazo razonable, la investigación (de los casos de Inés y Valentina) y en su caso, el proceso penal”, y a “adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales”.
López Reyna expuso que por lo anterior, el Estado mexicano, a través de la Segob, solicitó a la CoIDH el 29 de diciembre de 2010, una interpretación “porque la Procuraduría (PGR) quiso dejar claras algunas determinaciones de la Corte que fueron muy generales”.
Precisó que la “aclaración” que solicitaron es un recurso establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos y al cual pueden recurrir las víctimas, peticionarios ante la Corte y el Estado mexicano cuando requieran la interpretación de alguna de las resoluciones que mandata la CoIDH.
“México hizo la solicitud de decir ‘aclárame en qué sentido me estás sentenciando, en el término de las investigaciones o en el término del procedimiento judicial’”, recalcó la funcionaria.
Reconoció que esta petición ante la Corte retrasó la implementación de las mesas de trabajo sobre el cumplimiento de ambas sentencias, sin embargo señaló que ya están buscando a las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) y del estado de Guerrero, así como de las secretarías de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional, entre otras, para comenzar a ver la agenda de trabajo.
Por separado, Agustín Martín, abogado del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) —organización que litigó estos casos ante el sistema interamericano—, dijo en entrevista desde Costa Rica, que en el fondo lo que cuestiona el Estado mexicano es la sentencia que lo condena y que reconoce la existencia de la violación sexual cometida por militares en contra de las dos mujeres indígenas.
El abogado recordó que las sentencias no se pueden apelar y que ésta no es la primera vez que el Estado mexicano cuestiona los mandatos de la CoIDH.
Relató que durante el proceso ante el sistema interamericano los representantes del Estado argumentaron que (a más de ocho años de los hechos) la investigación de ambos casos estaba en curso en el sistema de justicia militar. “El Estado trató de ampararse en su propia negligencia”, puntualizó.
Sobre el cumplimiento de las sentencias, Agustín Martín señaló que depende de la interpretación del Derecho mexicano remitir las investigaciones de ambos casos a la PGR o a la Procuraduría estatal, no obstante —aclaró— sí es su obligación garantizar que los responsables de las violaciones sean juzgados en el ámbito civil.
También explicó que antes del 11 de febrero la defensa legal de Inés y Valentina tendrá que enviar a la CoIDH sus observaciones sobre la interpretación que solicitó el Estado mexicano y, en su caso, pedir que se desestime.
El abogado puntualizó que la sentencia debe cumplirse de forma inmediata, y apuntó que no hay fecha prevista para que la Corte Interamericana presente su sentencia de interpretación.
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