Quienes por años han querido vincular la desaparición de los normalistas con una supuesta infiltración de la delincuencia organizada en la normal no han demorado en retomar las afirmaciones presidenciales para nutrir su posición y generar desinformación. Un alineamiento paradójico, por donde se vea, pues se trata de actores que siempre se han opuesto al esfuerzo de esclarecimiento del caso que ha impulsado esta administración.
Ante estas posiciones, hay que volver a las investigaciones que en su momento hizo el Grupo de Expertos Independientes para insistir en que en relación con los hechos del 26 de septiembre de 2014 jamás se ha podido establecer que haya existido algún vínculo entre los normalistas y la delincuencia organizada, ni hay pruebas de que alguna relación de esta índole explique la dinámica de lo sucedido, ni mucho menos hay elementos que permitan presumir que de esto se siga alguna línea que ayude a dilucidar el paradero de los estudiantes.
Pero la irrupción de este tema permite, al menos, recordar una cuestión que sí es importante para el caso: si en verdad se pretende investigar algún tipo de infiltración subrepticia en las normales rurales, habría que comenzar por las esclarecer las prácticas del Ejército Mexicano, aún no reconocidas ni erradicadas, de introducir en escuelas como Ayotzinapa soldados con fachada de estudiantes para monitorear y reportar sus actividades. Indagar estas prácticas de las hoy empoderadas fuerzas armadas contribuiría más a esclarecer el caso, que alentar indirecta y acaso involuntariamente las líneas falaces que por más de un lustro han impulsado los enemigos de la verdad en el caso Ayotzinapa.