El marco jurídico internacional de los derechos humanos da cuenta de que la militarización de la seguridad debe ser una estrategia de Estado extraordinaria, estrictamente temporal y subsidiaria, en tanto se fortalece y democratiza a las instituciones civiles de combate a la delincuencia. México lleva ya 15 años –sin importar los cambios de partido político en el gobierno– con la misma estrategia de uso de las fuerzas armadas para combatir el crimen, sin que se haya traducido en auténtica pacificación, particularmente en regiones del país tomadas por redes ilícitas de poder.
El panorama es desolador y, en pleno inicio de la segunda mitad del sexenio, no podemos menos que advertir que la narrativa de “abrazos, no balazos”, no se ha traducido en estrategias de reconstrucción de los tejidos sociales