Primero empecemos con el tema de la elevada cifra negra, o los delitos que no se denuncian e investigan en el país. Tenemos que analizar el porcentaje de delitos que tardan más de cuatro horas en ser denunciados a nivel nacional: 32%. Por otro lado, también se debe tomar en cuenta la confianza que reportan las personas en estas instituciones: sólo 11% a nivel nacional reporta confiar mucho en los ministerios públicos.
Por otro lado, está la efectividad en procuración de justicia y para entenderlo hay que voltear a ver el presupuesto que se destina. De 2016 a 2020, lo que se destina para estas instituciones no ha aumentado, y considerando los efectos de la inflación, incluso ha disminuido lo que se destina a las fiscalías, tan sólo $380 por persona. Otra cosa a considerar es que el número de agentes del ministerio público creció de 2016 a 2020 en 23%, pero analizando la carga de trabajo que tienen los MP del país, cada uno lleva en promedio 136 casos anualmente, lo que hace muy difícil que logren aumentar la efectividad.
Sin embargo, esto no logra dar respuesta al descenso tan importante en efectividad de procuración de justicia que vimos de 2019 a 2020: y es que de tener 19% de efectividad, concluimos 2020 con 15%. Aunque no se puede descartar el impacto que la pandemia tuvo en estas cifras, la realidad es que eso solo contribuyó a aumentar más los niveles de impunidad. Todos estos datos corresponden a un estudio sobre la estructura, operación y resultados de las fiscalías y procuradurías del país que realizamos en Impunidad Cero. Es la cuarta ocasión que hacemos este estudio y lo hacemos porque sabemos que el cuello de botella del sistema de justicia está en las procuradurías y fiscalías.