En otras palabras, mediante este acuerdo, todo cuanto haga el gobierno lopezobradorista de obra pública es ahora tema de seguridad nacional y por tanto debe ser proyectado, realizado, resguardado y protegido por las Fuerzas Armadas.
Mientras no se reforme la Carta Magna, esta instrucción es escandalosamente inconstitucional y también viola una serie de leyes que, dentro de la jerarquía de las normas del Estado mexicano, están por encima del acuerdo emitido.
El instrumento vulnera también protecciones previstas por la Carta Magna a favor de las personas para defenderse de la eventual arbitrariedad del gobierno. Además, atenta contra otros derechos humanos y comunitarios (artículo 1º), inhibe mecanismos institucionales para la defensa del medio ambiente (artículo 4º), desprecia el principio de máxima publicidad de los actos gubernamentales (artículo 6º) y vulnera varios tratados que prevén equidad de participación en la celebración de grandes obras públicas para las empresas extranjeras (articulo 1º).