Después de varios días de intenso trabajo, el Comité terminó por referirse a la situación generalizada de las desapariciones en todo el país y, lo que consideró igualmente grave por lo propiciatorio de todo ese fenómeno, la impunidad existente para los perpetradores y sus colaboradores. Lo adelantado por el Comité no debe perderse de vista, aun cuando a fuerza de repetir lo serio y lo severo de la crisis, las palabras vayan perdiendo su capacidad evocadora y con ello la comprensión de lo que quieren denotar.
El informe del Comité considera que la desaparición forzada de personas es un tema que se reproduce y perpetúa en un sistema conformado por delincuentes particulares, que actúan posibilitados por autoridades de diversas jerarquías. La gravedad del señalamiento radica en la abierta convivencia entre ambas. Los perpetradores de las desapariciones son tanto particulares como autoridades, pero, más allá de ello, las segundas han generado una red de protección para los delincuentes y para ellas mismas. Tan es así, que el Comité habla de patrones de actuación consolidados en varias partes del territorio nacional. Son esas redes las que sustentan la idea del «crimen perfecto». El que más de 95 mil personas estén desaparecidas y muchas otras sigan desapareciendo a diario, sin existir, ni lejanamente, no solo ya las capacidades de búsqueda y localización, sino las posibilidades de sancionar a quienes las llevaron a cabo.