Desde 2014 me organicé con otros periodistas para investigar lo ocurrido en San Fernando y creamos el proyecto #Másde72. No únicamente queríamos saber qué pasó, sino cómo fue posible y quiénes lo posibilitaron.
Estas investigaciones nos condujeron muchas veces a la subprocuraduría que investiga la delincuencia organizada dentro de la PGR y a su unidad de servicios periciales, donde los cuerpos no identificados, exhumados de aquellas fosas, quedan secuestrados pues el afán de las autoridades no parece ser devolverles la identidad y regresarlos a quienes les lloran todos los días, como ha demostrado la Comisión Forense. Lo descubrí también al saber que uno de los cuerpos que terminaron en una fosa común tenía en el bolsillo del pantalón su identificación, pero nadie llamó a su familia.
Desde el momento en que la antropóloga Mercedes Doretti, cofundadora del Equipo Argentino de Antropología Forense; la abogada Ana Lorena Delgadillo, representante de las víctimas de esas masacres desde la Fundación para la Justicia; y yo, reportera que cubre esos casos, nos enteramos de que en 2015 y 2016 fuimos investigadas por secuestro y delincuencia organizada por la PGR, no me quedó la duda de que desde la oficina donde nos inventaron esa acusación tienen miedo a que esos huesos hablen. De que sus familias se den cuenta, que tomen la palabra, que quieran organizarse, que exijan justicia.