Es de esperarse que un trabajo de documentación tan amplio dé lugar a un informe que contribuya a que se empiece a revertir la crisis que enfrentamos. En el pasado el Comité ya señaló que en México las desapariciones son “generalizadas” y que ocurren en un “contexto de impunidad”. Esta calificación debe mantenerse en el próximo informe, porque las condiciones no han cambiado sustancialmente y porque esta crisis no es “la herencia dolorosa del pasado”, sino una crisis del presente: son ya más de 20 mil desaparecidos en la actual administración.
Es indudable que el informe también deberá reconocer que se debe desarrollar un enfoque centrado en las prácticas y no en las normas. La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, que hasta hoy no ha sido cabalmente aplicada, ilustra la larga tradición mexicana de aprobar leyes de avanzada sin asegurar después su aplicación real y quitando a los Poderes Ejecutivos -Federal y Locales- la presión para suscitar cambios reales.
Luego de terminar su visita, los integrantes del CED se reunirán en pleno para debatir el informe. El documento verá la luz entre marzo y abril del siguiente año. Mientras tanto, la conferencia de prensa de cierre de la visita, el próximo 26 de noviembre, será sin duda un adelanto de las esperadas recomendaciones que podrán ayudar a corregir el camino y aliviar dolores.