La COP 26, que comenzó el 31 de octubre y finalizó el viernes 12 de noviembre, fue anunciada como “el último llamado” para salvar el planeta de las consecuencias del cambio climático. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados. Las maniobras de las empresas y gobiernos se han centrado en promover un “capitalismo verde” que apuesta a soluciones tecnológicas y pretende continuar con el modelo de saqueo de recursos imperante. El extractivismo de recursos naturales en regiones como América Latina perpetúa la desigualdad social, económica y ambiental.
Para enfrentar la crisis climática se deben considerar los efectos ambientales y sociales que implicaría la expansión del extractivismo. Así mismo, las políticas públicas de desarrollo y cambio climático deben garantizar la participación efectiva de todos los actores, incluyendo las comunidades afectadas por los proyectos extractivos. Los cuales deben respetar a cabalidad los derechos humanos, incluyendo el derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas y equiparables.
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