La visita producirá un informe que se publicará en marzo de 2022 con un diagnóstico de la crisis y recomendaciones para atenderla. Si bien la visita del CED representa un avance significativo, la gravedad de la coyuntura actual obliga a una pregunta incómoda: ¿habrá realmente voluntad política para aplicar las recomendaciones del comité? Ciertamente el gobierno de la 4T ha impulsado la creación de figuras como la Comisión Nacional de Búsqueda, el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), y la propuesta de construir un sistema nacional forense; no obstante, también es cierto que estos avances no se han acompañado de los recursos suficientes, como hemos podido advertir en el recién aprobado Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, en el que este problema crucial del país no aparece entre las prioridades del gobierno federal.
Ante la inoperancia de la institucionalidad pública actual, es válido reivindicar la visita del CED que abre valiosas posibilidades de contar con una carta de ruta para aplicar políticas públicas, programas contra la impunidad y vías extraordinarias para acceder a la verdad; entre otros mecanismos y estrategias para enfrentar la inefectividad de las instituciones en seguridad pública. Para ello se requerirá de un compromiso y una cooperación efectiva y transparente entre los más altos niveles políticos para asumir y cumplir los compromisos que permitan avanzar sustancialmente contra desaparición.
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