En sus revisiones anteriores a México, el CED había recomendado tener un plan completo y verificable para implementar en su totalidad la Ley General en la materia, a nivel federal y local, con la participación de las víctimas y el presupuesto adecuado; crear y poner en marcha los registros que estipula la Ley General, como el Banco Nacional de Datos Forenses; generar condiciones para que todos los cadáveres y restos óseos puedan ser identificados y entregados de manera digna, de la mano de la creación del MEIF; garantizar la independencia y autonomía en la FGR con el fin de garantizar el derecho a la verdad y a la justicia de los casos de desaparición, asegurando la participación de las familias y sus representantes; asegurar que las investigaciones sean integrales, tomando en cuenta patrones y análisis de contexto, considerando cadenas de mandos y otras formas de participación y autoría; garantizar la protección a familias y personas defensoras de derechos humanos en todas sus acciones de búsqueda y retirar a las fuerzas militares de las tareas de seguridad pública.
Los colectivos de familiares han insistido en que es necesario que se cuente con diagnósticos precisos del funcionamiento de las instituciones y mecanismos con responsabilidad en la búsqueda, a efecto de que verdaderamente puedan enfrentar la crisis que seguimos padeciendo, atacando los principales problemas y deficiencias estructurales. Sin duda, el informe final del CED será un insumo principalísimo que las actuales autoridades, que se han declarado abiertas al escrutinio internacional, no podrán ignorar.
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