Estos sujetos colectivos suelen ser afectados por la política energética en México -y en otras partes del mundo también-, pues resultan ser habitantes y propietarios de una porción significativa de las tierras que serán utilizadas, por unos u otros, empresa del Estado o empresa privada, para la generación de energía. Además, como se ha reiterado una y otra vez, fungen como verdaderos guardianes de la casa común y viven en primera línea las consecuencias del calentamiento global.
Desde esta perspectiva debe decirse que si bien se han revertido algunas políticas y algunos de los aspectos de la reforma energética del sexenio anterior que constituían amenazas latentes a los territorios indígenas -como por ejemplo, la entrega sin consulta previa de concesiones mineras en estos-, también es cierto que las propuestas que hoy se enfrentan en el debate público no apuntan a que podamos contar todavía con una política que promueva, proteja, respete y garantice los derechos de los pueblos indígenas.
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