Así que hoy vale enfatizar que el signo dominante para los pueblos indígenas es el de la resistencia a los megaproyectos que por sí mismos denuncian continuidad antes que ruptura o transformación alguna. Basta enumerarlos. Dos impulsados por el gobierno actual: el llamado Tren Maya sobre cinco estados del sureste, al que le dan batalla comunidades de la región y cuyos amparos logrados no son respetados, sin hablar de la muy cuestionable consulta aplicada para validarlo; el Corredor Transístmico, para conectar el puerto de Salina Cruz, Oaxaca, con el de Coatzacoalcos, Veracruz.
Debemos anotar un proyecto anunciado hace un año y formalizado el pasado 28 de septiembre, que pareciera abrir una postura oficial distinta al abordar con enfoque de derechos colectivos un plan de resarcimiento histórico que incluyó la petición presidencial de perdón, así como una serie de propuestas en torno a la tierra, el agua, la infraestructura urbana, creación de una universidad entre otras, con una inversión de 11 mil millones de pesos. Hablamos del Plan de Justicia para la Tribu Yaqui. Dicho plan tiene múltiples problemas de fondo que ya han sido tratados en estas páginas por Francisco López Bárcenas, quien describió la trayectoria indigenista de las décadas previas para intervenir los gobiernos tradicionales y nombrar gobernadores duales, esto es, impuestos o a modo. Luis Hernández Navarro ofreció los testimonios de quienes fueron excluidos en el plan referido y suplantados por los gobernadores duales. No se puede asumir que los coordinadores de dicho plan no sabían lo que está en juego.
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