El hecho es que estamos atorados. El indicador por excelencia de efectividad del sistema es el nivel de impunidad. Estamos casi en el 95 por ciento de delitos que no se resuelven de los que conoce la autoridad, y llevamos años así. En las tuberías procesales de las procuradurías y fiscalías sigue quedándose atascada la mayoría de las carpetas de investigación que se abren. La “salida” más recurrida es la del archivo temporal, que es como apilar los casos dentro de un cajón. Ahí se queda más del 65 por ciento de las carpetas que se inician. La procuración de justicia no logra moverse. Aunque ahora tengan la etiqueta de fiscalías autónomas, no logran dar vuelta a la inercia, y por eso no gestionan los casos de manera distinta, no priorizan y no investigan con métodos más eficientes y científicos. Otros actores clave del proceso penal en el modelo acusatorio, las defensorías de oficio y las comisiones de víctimas, están bastante rezagadas. No se invierte en ellas y, por tanto, el modelo no puede funcionar bajo su premisa central: la igualdad de armas entre las partes.
Violencia e injustica se retroalimentan. Lo mismo que conflictividad social y un sistema de justicia disfuncional. Por eso, si queremos mitigar crimen, violencia y conflictividad, necesitamos un aparato de justicia que funcione. Estas relaciones no parecen claras en las acciones y decisiones del gobierno en materia de seguridad. La balanza se ha inclinado casi totalmente hacia el aspecto reactivo y militar, y aun en este aspecto hay ineficacia y titubeo. Por eso no logramos resultados.
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La transferencia de centenas de funciones civiles a manos militares seguirá desdibujando la frontera entre el gobierno civil electo y el gobierno a manos de los militares. Esto representa probablemente la más grave alteración política y constitucional del México contemporáneo y avanza no solo sin contrapesos, sino además sin debate alguno.
Nadie podrá decir que no hemos insistido por años y de manera consistente en que la ruta de la militarización de la seguridad no resolverá las violencias y podría en cambio ser costosísima. Y nadie podrá decir que no advertimos de los riesgos, aún mayores, cuando vimos la evolución desde esa militarización hacia el militarismo, que se da cuando el gobierno “celebra las cualidades superiores de las instituciones castrenses y las coloca por encima de las civiles.
Hemos cumplido tres años monitoreando la actual política federal de seguridad desde el Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero CDMX. En este periodo publicamos reportes que documentan la vía de la militarización y el salto hacia el militarismo, abarcando nuestro análisis desde 2007 a la fecha. Venimos construyendo una amplia sistematización de la evidencia, principalmente con base en información oficial; por ejemplo, hemos documentado que, mientras en el 2007 había poco más de 52 mil militares desplegados en tareas de seguridad pública, para septiembre de 2021 ya eran más de 215 mil, periodo que coincide con la multiplicación por cuatro de los homicidios violentos.
Por su parte, acaba de ser publicada una plataforma de datos inédita denominada Inventario Nacional de lo Militarizado, donde se informa que “En los últimos 10 años han sido asignadas 246 tareas civiles a las fuerzas armadas; 138 a nivel federal y 109 a nivel local. Esto incluye tareas como: control migratorio, reparto de apoyos sociales, educación, salud e incluso la reubicación de dos juzgados en Chilpancingo”.
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