El cambio de régimen se juega verdaderamente, en el desmantelamiento de las estructuras de privilegio y de impunidad del sistema político; y porque ello no ha ocurrido, queda claro que la 4T no puede aún calificarse de cambio de régimen; para ello debe esclarecer a cabalidad casos eminentes como Ayotzinapa y garantizar procesos de justicia legítimos contra las graves violaciones a los derechos humanos y contra los pactos de impunidad que se han perpetuado alrededor de delitos del pasado.
La apelación a la corrupción, la impunidad y los privilegios han sido componentes esenciales del discurso legitimador de la 4T desde el proceso electoral de 2018. Ciertamente se han llevado a cabo algunas acciones valiosas, como poner topes a los salarios de los altos funcionarios, se ha observado una rigurosa austeridad presupuestaria, y se ha echado a andar una amplia agenda de reformas a los derechos laborales en beneficio especialmente de las clases trabajadoras, tales como el aumento al salario mínimo. Ello, repetimos, es justo y es necesario, pero sólo las evidencias de una desarticulación de los pactos de impunidad y corrupción nos permitirán acreditar la vigencia de un auténtico cambio de régimen.
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