Actualmente, de todos los policías y demás autoridades involucradas, solo uno de ellos está siendo procesado por el delito de tortura cometido en contra de Verónica, por lo que se puede afirmar que la situación se encuentra prácticamente impune. Ello a pesar de que existan varios dictámenes médicos y psicológicos que demuestran que ambos hermanos han sido víctimas de tortura física, psicológica y sexual.
El Grupo de Trabajo determinó que la detención de Verónica y Erick Razo Casales fue arbitraria y violatoria de normas de derecho internacional. En ese sentido, el Grupo de Trabajo determinó que se deberá poner en libertad inmediata a Verónica y Erick Razo Casales. Lo anterior, considerando que las autoridades mexicanas inobservaron de manera grave normas internacionales relativas al derecho a un juicio justo, independiente e imparcial, así como la ausencia de una orden judicial de arresto por más de dos meses, la incomunicación, la falta de control judicial, asistencia legal y médica, y contacto familiar, el cambio de acusación y tipo de delito, la violencia sufrida y los tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Sin embargo, a más de 50 días de la emisión de dicho documento, las autoridades mexicanas han sido omisas en dar cumplimiento al mandato de las Naciones Unidas. Por ejemplo, la FGR se negó tajantemente a desistirse de su acusación y presentó conclusiones acusatorias, basadas en información falsa e ignorando completamente el hecho de que los Hermanos Razo fueron detenidos arbitrariamente y torturados, que maliciosamente presentó ante el juez Octavo de Distrito en el Estado de México.
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